En febrero, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, estableció un límite a los cobros que realizan las clínicas privadas, mediante la Resolución Ministerial 43, misma que señala que los medicamentos y los servicios en farmacias, laboratorios y clínicas de Bolivia no pueden exceder  ciertos montos. Aquel mes, se había dispuesto que la atención en unidades de terapia intensiva (UTI) cueste como máximo 3.324 bolivianos por día, mientras que la internación en terapia intermedia sea de 2.604. Luego de tres meses y en el momento más complejo de la pandemia, surgen quejas debido a presuntos cobros que superan con mucho lo normado.

El diputado Héctor Arce acusó que una familia tuvo que pagar 100 mil dólares para cubrir su internación. Todos fallecieron. Ante ello, este pidió una “sanción”.

Este medio conoció, también, el caso de una persona que se infectó, fue ingresada a una clínica muy conocida y allí le cobran (sigue internada) 2.500 dólares por día en cuidados intensivos, según la versión familiar. Además de ello, le habrían pedido el pago de tres días por adelantado. “El trato del doctor es inhumano”, contó, uno de los allegados al paciente.

Existe otro caso similar. A una mujer que necesitó ser asistida de forma particular le habrían informado, desde un nosocomio, que debía cancelar 10 mil bolivianos (aproximadamente 1.500 dólares) para que fuera recibida.

Las denuncias coinciden en que las cuentas llegan a ser excesivas y alcanzan, tras jornadas acumuladas, los 70 mil dólares.