A las 18:27 horas de ayer, Jesús S., exservidor y testigo clave del caso “audios de corrupción” de Quillacollo llegó enmanillado a oficinas de la Fiscalía. Antes, allanaron su casa en ese municipio.

Por el caso, hay un sentenciado, siete con detención preventiva, tres con arresto domiciliario y uno con medidas sustitutivas, además de un prófugo.   

El exmensajero (de la gestión de Zacarías Jayta) de la Alcaldía de Quillacollo se cubrió las manos con una chaqueta y se sometió a una requisa para luego ser trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a espera de su audiencia de medidas cautelares, previa imputación del Ministerio Público. 

Se conoce que los investigadores secuestraron un CPU (Unidad de Procesamiento Central) y varios documentos.  Jesús fue considerado el “testigo clave” tras su primera aparición el 24 de enero de 2019, cuando reveló que Jayta y el expresidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga, realizaban cobros irregulares en contratos con empresas. Denunció que en “la reunión de los 8”, como era denominado el encuentro de ocho personas, se definía los porcentajes y cómo repartir las coimas.

Después fue implicado en el caso y admitió que realizó las grabaciones.

Con Gerson E., exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía, presentaron audios y filmaciones que llevaron a Jayta y Osinaga a la cárcel de San Antonio y San Pablo, respectivamente, con detención preventiva, desde el 1 de febrero. 

El 11 de julio, el exsecretario general de la Alcaldía de Quillacollo, Grover Corrales, fue aprehendido y sentenciado a cuatro años de prisión tras someterse a un proceso abreviado.

Corrales declaró ese día y dijo que Jesús fue contratado como mensajero interno y era conocido como El Mochilero. Ambos se encargaron de definir los contratos con empresas por compras “menores” de 50 mil bolivianos. 

El exsecretario dijo que en una ocasión sostuvo una reunión con Jayta y Osinaga, en el despacho del último, en el Concejo Municipal. Le instruyeron generar recursos económicos a través de los contratos por compras con el fin de recaudar fondos para “apoyar” a las organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Él (Jesús) se ofreció (a realizar los cobros) e indicó que conocía a las empresas con las que podíamos trabajar”. Solo entre agosto y septiembre de 2018 lograron 70 mil bolivianos, es decir, se presume que iniciaron las irregularidades al mes de que Jayta fuera posesionado como Alcalde.

La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra 10 personas, el 26 de julio. Entre ellos, el alcalde suspendido Eduardo Mérida y el diputado del MAS, Lucio Gómez, desde el 31 de julio y 1 de agosto, respectivamente. Los implicados son acusados de cobrar coimas por la adjudicación de obras, además de definir quiénes ocuparían los cargos jerárquicos.