Si un hotel quiere cambiar de cuatro estrellas a cinco estrellas, tendrá que pagar alrededor de 1.505 bolivianos. Si un guía de turismo quiere tener situación legal, deberá inscribirse y pagar unos 220.

Estas son solo parte de las 84 tasas que la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Cochabamba aprobó este 19 de octubre mediante la Ley Departamental de Tasas por Servicios Administrativos y Técnicos del Gobierno Autónomo Departamental.

La norma, aunque tiene observaciones de la oposición, ya está aprobada y pasa al Ejecutivo para su reglamentación y puesta en vigencia, posteriormente.

El asambleísta de Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate) Rodrigo Valdivia detalló que el documento incluye las 84 tasas dividas en cuatro grupos: 36 tasas para evaluación y seguimiento ambiental correspondiente a la Dirección de Medio Ambiente, 42 tasas por prestación de servicios administrativos y técnicos de turismo que son de la Dirección de Culturas y Turismo, cuatro tasas por emisión de personalidades jurídicas correspondiente a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos y dos tasas por certificaciones y legalizaciones de la Unidad de Recaudaciones.

MEDIO AMBIENTE

Entre las 36 tasas se incluye la revisión y aprobación de formularios para categorización ambiental, manifiestos ambientales, manifiestos ambientales de cierre y abandono, renovación y actualización del plan de adecuación ambiental, aprobación de informes de monitoreo, planes de manejo, permisos ambientales, certificados y otros cuyos costos van desde los 86 bolivianos hasta los 1.228.

TURISMO

Entre sus 42 servicios y actividades están la extensión de licencia turística departamental a los hoteles, hoteles boutique, operadores de turismo, guías comunitarios, guías fijos o de sitios, guías especializados, empresas de transporte de turismo, licencias turísticas y otros cuyos montos oscilan entre 50 y 1.505 bolivianos.

ASUNTOS JURÍDICOS

Las cuatro tasas departamentales de este ámbito consideran la otorgación, modificación actualización y extinción de personalidad jurídica de entidades sin fines de lucro, fundaciones y ONG por un monto de 1.271 bolivianos; certificaciones e informes de personalidades jurídicas por 62 bolivianos; las reposiciones rectificaciones y legalización de certificados, decretos departamentales, resoluciones y otros documentos emitidos por la entidad que forma parte del expediente del de personalidades jurídicas por 115 bolivianos;; y la protocolización de otorgación, modificación, actualización y extinción de personalidades jurídicas por 513 bolivianos.

RECAUDACIONES

Las tasas del rubro de prestación de servicios administrativos y técnicos de la Unidad de Recaudaciones son de 50 bolivianos por la certificación del pago del impuesto departamental sobre las transmisiones sucesorios y gratuitas y de 35 bolivianos por la legalización de firmas en documentos y legalización del pago del impuesto departamental sobre la transmisiones sucesorias y gratuitas.

Valdivia sostuvo que antes “pocas” de estas tasas se cobraban.

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) Orlando Zurita manifestó que la ley permitirá mayores ingresos para el departamento, tomando en cuenta que la Gobernación tiene incluso menos recursos que algunas alcaldías para la ejecución de obras.

Los asambleístas opositores votaron en contra y pidieron documentación adicional.

Valdivia manifestó que cuestionaron que no se les haga conocer la documentación completa; dijo que solo recibieron un informe. La ley estaría amparada en 24 documentos entre los que se incluye un informe del Viceministerio de Planificación, pero que no recibieron ninguno.

El asambleísta acotó que desconocen la proyección de ingresos anuales.

Zurita sostuvo que aguardan esos detalles por parte de los técnicos de la Gobernación.

Valdivia dijo también que existen aspectos que terminan en burocratización en lugar de facilitar los trámites, como el caso de los guías turísticos locales, quienes deberán hacer los trámites en la ciudad y pagando los montos respectivos.

La ley está en la actualidad en manos del Ejecutivo, para la reglamentación necesaria.