La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció sobre los hechos sucedidos en el municipio de Sipe Sipe, del departamento de Cochabamba, donde padres de familia tomaron como rehén a la alcaldesa María Heredia exigiendo el pago de un bono escolar en especie.

En su cuenta de Twitter, la representación de la Oficina señaló: “La misión reprueba los actos de violencia en Montero (Santa Cruz) y Sipe Sipe (Cochabamba) y llama a encausar de manera pacífica e institucional los desacuerdos políticos.

Además, la Misión pide respeto a la prensa y se pronuncia en contra de todo acto de violencia política en contra de las mujeres”.

Desde hace tres días, padres de familia que afirmaron tener derecho a recibir un bono en especie en compensación por el desayuno escolar, que sus hijos nos recibieron durante la pandemia, protagonizaron bloqueo de la carretera que une Cochabamba con el occidente del país. Casi mil vehículos permanecieron parados en la zona por esta acción. El martes 17 de noviembre, la medida fue más contundente porque tomaron como rehén a la alcaldesa de ese municipio María Heredia, del Movimiento Al Socialismo, MAS.

La autoridad fue retenida por más de un día y se desmayó. Pese a su estado de salud no fue conducida hasta un centro hospitalario y la mantuvieron en el suelo recibiendo oxígeno y suero.

Este miércoles, la medida se mantuvo y su estado de salud empeoró. Un médico que la atendió dijo que su cuadro es de hipoglicemia con problemas de cardiopatía, le pusieron suero, la estabilizaron, pero que requería hospitalización.

El director de Seguridad Ciudadana, Antonio Castro, se mostró preocupado por la salud de la alcaldesa considerando que fue contagiada por la COVID-19 y tiene secuelas de la enfermedad, las mismas que se pronunciaron ahora con la medida de presión de los padres de familia.

Heredia fue obligada a firmar el contrato con dos empresas proveedoras de alimentos para armar las canastas escolares y pensando que esa acción sería suficiente se disponían a llevarla a un hospital en una ambulancia, pero la gente que quería ver el documento firmado lo impidió.

La autoridad fue llevada en un aguayo por casi ocho cuadras, pero las agresiones de la gente continuaron por lo que tuvieron que ingresar a una casa particular, la misma que también fue apedreada.

Imágenes que se difundieron en redes sociales la mostraron a Heredia oculta debajo de una cama.

Al final de la jornada fue conducida a un hospital, mientras que los vecinos aceptaron el desbloqueo por cuatro horas para permitir que los vehículos circulen.

MUNICIPIOS CONDENAN

La directora ejecutiva de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Bernarda Sarué, denunció este miércoles en Cochabamba la vulneración de los derechos de la alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia, quien fue agredida verbal y físicamente por padres de familia que exigían la entrega de una canasta de alimentos con los recursos del desayuno escolar que no fueron ejecutados por la suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia.

"Estamos haciendo la denuncia pública de la vulneración de los derechos de la colega, le echaron con cosas innombrables (...) estamos haciendo las gestiones ante el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia", declaró Sarué, según un reporte de la agencia ABI.

Heredia incluso fue retenida desde la noche del martes por el sector movilizado, grupo que incluso impidió el ingreso de una ambulancia al sector para la atención de la autoridad edil.

"Se le privó de atención médica, no permitieron que sea trasladada en una ambulancia, se vulneraron sus derechos… (son) acciones muy brutales, de muchísima violencia", lamentó Sarué.

Heredia había contratado a una empresa para que se haga cargo de la distribución de la canasta estudiantil, en el marco de la normativa vigente. Sin embargo, los padres de familia demandaron la intervención de la proveedora.

El representante del defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, responsabilizó a los funcionarios de la Alcaldía de Sipe Sipe, por los bloqueos, debido a que dilataron el proceso de entrega de las canastas estudiantiles.

"Desde agosto se sabía esto, no podemos llegar a noviembre sin que haya culminado un proceso de licitación, penosamente eso ha activado esta situación de violencia", lamentó el representante de la Defensoría del Pueblo.