El Ministerio Público y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) precintaron esta tarde dos oficinas de la unidad de Contrataciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por las investigaciones sobre el caso de adjudicación de contrato para más de 34.000  raciones de alimentos para efectivos policiales y militares, que vigilan las calles en esta cuarentena.  

Este hecho se da tras la denuncia realizada por los concejales Edwin Jiménez, Carlos Coca y Celima Torrico, de la Comisión Primera, en oficinas de la Fiscalía, con relación a la adjudicación directa de contrato a un restaurante de la zona norte para la dotación de alimentos a policías y militares. 

El fiscal Rodrigo Soria indicó que los delitos por los que se investiga el caso son incumpñlimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contraras a la Constitución Política del Estado, y otros tipos penales que van a ser analizados, en contra del alcalde José María Leyes y presuntamente otros funcionarios. 

"No vamos a escatimar esfuerzos hasta que caiga quien caiga, porque no se puede jugar con la alimentación de dos grupos sociales, como son los militares y policías, que están resguardando las ciudades para que no existan contagios del COVID-19, ni con el dinero del pueblo", sostuvo Lurwyn Ledezma, abogado de la parte denunciante.