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  • Diario Digital | martes, 16 de abril de 2024
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VÍCTIMAS Y FAMILIARES SE ENCUENTRAN EN ALERTA

De 4 a 5 agresores se benefician cada día por cambio de Ley 1173

Las pruebas que descartan el domicilio y trabajo fijo de los acusados, ahora, deben ser reunidas por los afectados. La detención preventiva del acusado solo puede durar seis meses.
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Fotografía referencial de un agresor detenido. | Opinión
De 4 a 5 agresores se benefician cada día por cambio de Ley 1173

De cuatro a cinco agresores, acusados por violencia intrafamiliar, violación, feminicidio, y otros casos, son beneficiados cada día en Cochabamba desde que la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres entró en vigencia el 5 de noviembre de este año, según un informe realizado por el Observatorio de Justicia para las mujeres y niños de la Fundación Voces Libres.

No se tiene un número exacto de beneficiados hasta la fecha, pero los plazos para la reunión de pruebas y de la cesación de detención de los acusados ya se encuentran en vigencia.

Entre las observaciones principales a dicha Ley, Mercedes Cortez, abogada de Voces Libres, menciona dos.

La principal es que, ahora, el Ministerio Público y las víctimas son quienes deben reunir las condiciones para comprobar que los agresores no tienen domicilio, trabajo ni familia, y así permanezcan encarcelados para brindar mayor seguridad y evitar fugas y venganzas en tanto dure el proceso.

La Ley 1173 indica que la detención preventiva de los agresores solo puede durar seis meses, cuando en realidad este tipo de procesos suele culminar al cabo de dos o tres años, y en algunas ocasiones más tiempo. 

“Esto deja en la indefensión a las víctimas, porque en seis meses es humanamente imposible. Un fiscal maneja un promedio de 850 casos, en tanto duren los mismos. No ha cambiado el sistema de administración de justicia. Sigue colapsado, con los mismos jueces con saturación. Ahora, la duración del proceso de la detención preventiva tiene un tope de medio año, y después, como si nada, viene la libertad”, explica Cortez. 

1% de presupuesto nacional

Funcionarios de la Fiscalía Departamental señalan que, en Bolivia, solamente el 1% del presupuesto del Tesoro General de la Nación es asignado para el ámbito de la justicia. En cambio, otras naciones asignan el mismo porcentaje solo para tratar temas de violencia de género e intrafamiliar.

Existen otras onservaciones a esta Ley, como el despido masivo de los oficiales de diligencias, la extinción de la oficina gestora encargada de realizar las notificaciones virtuales y, sobre todo, la imposibilidad de hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección para las víctimas, entre ellas, las órdenes de alejamiento.

Un ejemplo de ello, es el pedido de Voces Libres para la implementación de manillas electrónicas y hacer seguimiento a los agresores liberados. 

ALARMA Muchas víctimas de violencia y familiares de víctimas de feminicidio se encuentran alertas ante la aplicación de esta Ley que, según ellas, ya está siendo aprovechada por algunos agresores.

Alba C. vivió de cerca dos casos de feminicidio en su entorno familiar.

Su hermana, María Lizbeth C. falleció en 2015 tras recibir 25 puñaladas por parte de su pareja, quien fue sentenciado a 30 años de cárcel en 2017. Este aún realiza apelaciones para conseguir su libertad.

Su prima, Martha Q. fue victimada por su pareja con un balazo en la cabeza en 2017. El agresor, que era policía, fue sentenciado a 30 años de cárcel. De igual manera, el mismo realiza apelaciones constantes.

“Nos informaron que Pavel L., quien mató a Nataly Ballón quiere aprovechar esta Ley 1173 para salir libre. Si él lo logra es algo muy grave, todos los feminicidas y violadores van a querer aprovechar de igual manera”, indica Alba C.

Uno de los agresores que actualmente se encuentra acogido dentro del plazo de detención por seis meses es el acusado por el presunto feminicidio de Shirley García, la mujer que fue asfixiada y abandonada dentro de un barril en plena carretera en el sector de Paracti, camino al Trópico, cuyo cuerpo fue encontrado el 19 de noviembre.

Cortez indicó que el tiempo es insuficiente y que al concluir el mismo, el hombre será liberado y podría fugarse o, incluso, arremeter contra los familiares de la fallecida.

SUSPENSIÓN La directora de Género Generacional y Familia, Carolina Orías, indicó que es imposible llevar adelante la aplicación de esta normativa, ya que el sistema judicial boliviano se encuentra colapsado y no existen las condiciones ni los recursos para que un proceso penal culmine en seis meses, como se quiere.

Esta institución, en coordinación con Voces Libres, gestiona una reunión con la presidenta del Senado, Eva Copa, para solicitar la suspensión de la aplicación de la Ley 1173 hasta que el próximo Gobierno compruebe la inexistencia de condiciones para la vigencia de la misma.

Además, una vez que se pretenda proceder con la misma, Orías indicó que pedirán que se garantice, “los recursos para que las autoridades puedan cumplir los plazos establecidos. Asimismo, tener capacitaciones y formación de acuerdo a la norma y jueces realmente meritorios”.

Opiniones

Sondeo ciudadano

En una consulta realizada por OPINIÓN, a 10 mujeres de entre 40 y 60 años que están casadas o conviven con su pareja en Cochabamba, se pudo evidenciar que 

7 de cada 10 de ellas creen que la “violencia leve” es “normal”. Con ello se refieren a empujones, bofetadas, discusiones y “golpes suaves”, que alguna vez recibieron en sus hogares.

Elena Terrazas, de 60 años, afirma: “a veces hay que aguantar porque lo peor es criar hijos sin su papá. Los hombres cuando se hacen viejos se calman y dejan de pelear y atacar a sus mujeres”.

Esta ama de casa lamenta que la sociedad cuestione las denuncias que algunas víctimas de violencia realizan.

“Los familiares y amigos, lo primero que te preguntan es ‘¿qué has hecho?’, ‘algo le has debido decir’. Y eso es algo que te hace callar. Si tu familia no te cree, peor las autoridades”, agrega.

Julieta Montaño

Oficina Jurídica para la Mujer

Uno de los problemas más serios de la Ley 1173 es que ha sido hecha sin tomar en cuenta todos los requisitos necesarios para poder ejecutarla. Ni siquiera se ha considerado la situación real de las mujeres.

Me parece que los proyectistas han pensado que todas las mujeres bolivianas tienen computadoras para enterarse de las notificaciones y estar al tanto de su proceso. Las autoridades deben responder al hecho de que no todas tienen acceso a instrumentos informáticos.

No se puede decir a la ligera quiénes tienen acusaciones muy graves y pueden salir a la calle sin las manillas electrónicas prometidas. Ni siquiera se cuenta con estos dispositivos y no existen garantías para las víctimas, no se puede aplicar esta norma.