ANP CONSIDERA ACERTADA LA RESOLUCIÓN PORQUE CONTRIBUYE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA
Tribunal de imprenta a cargo de juicio contra periodistas de La Razón
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso que se remita a un Tribunal de Imprenta el proceso planteado por el Procurador del Estado, Héctor Arce, en contra dos periodistas de La Razón por los supuestos delitos en la publicación de una nota sobre el proceso boliviano contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, informó ayer la determinación judicial en una conferencia de prensa ofrecida en el diario OPINIÓN, en Cochabamba.
Señaló que se impugnó la incompetencia de la justicia ordinaria y se decretó que los presuntos delitos de espionaje que se les atribuían se los trate en los tribunales de imprenta como dispone la Ley de Imprenta, reconocida por la Constitución Política del Estado.
La Procuraduría General del Estado acusó, por la vía penal, al periodista Ricardo Aguilar y a la directora de La Razón, Claudia Benavente, por los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos de Estado en la nota publicada el 13 de abril en el suplemento Animal Político y que se refería a la demanda marítima en contra de Chile. Además, solicitó que se levante el secreto de fuente, que fue ordenado, después, por un juez.
La ANP relievó ayer la decisión de los administradores de justicia de reconocer la vigencia plena de la Ley de Imprenta como única instancia para juzgar a dos periodistas del periódico La Razón.
El director ejecutivo de la ANP dijo que espera que la medida asumida tenga importantes repercusiones en el país, en cuanto a la libertad de expresión y de prensa.
La decisión fue calificada de trascendental porque se reconoce que todas las publicaciones de prensa se las deben juzgar en el marco de la Ley de Imprenta.
Se trata de un paso importante porque “la justicia ha hecho honor a la justicia y ha actuado con sentido común”, enfatizó.
En el pronunciamiento emitido por la ANP se calificó de meditada la medida judicial porque se ajusta al curso que deben seguir los procesos en contra de periodistas por faltas comprendidas en la norma.
Se consideró que la resolución contribuye a la construcción de una democracia sana con respecto a normas y leyes vigentes, proceso que representa una enseñanza para todos y un llamado a la reflexión sobre el ejercicio de ciudadanía, el trabajo profesional responsable y la tolerancia a la libertad ciudadana de emitir opiniones e ideas.
“Para nosotros es una consecuencia lógica de la unidad de todos los medios de comunicación en la defensa de los principios comunes” añadió el director.
PROCURADOR En horas de la mañana, el Procurador General del Estado, Héctor Arce, informó acerca del fallo judicial.
Aseguró que la Procuraduría General del Estado no ha tenido, ni tiene, ni va a tener jamás ninguna mala intención contra algún periodista o medio de comunicación.
“Nosotros respetamos y valoramos el principio fundamental de la vida democrática, de la institucionalidad republicana y del estado de derecho de un país que es la más absoluta libertad de prensa", señaló.
Reveló que la Procuraduría no presentó ningún otro documento o apelación y se ha dejado que el proceso siga su curso tal como debe ser hasta que la Sala Penal III dispuso lo que corresponde en derecho de acuerdo a la Ley de Imprenta.
"Este es un tema que está cerrado y en manos de la Ley de Imprenta que tiene sus procedimientos que deben cumplirse por el bien de la ciudadanía y el bien de la labor de la prensa", concluyó.
Fue una decisión racional
El director del periódico OPINIÓN, Federico Sabat, señaló que el fallo de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz es una muestra de que se ha impuesto la racionalidad.
Señaló que el proceso penal era infundado y afectaba los derechos fundamentales y los principios universales del periodismo.
Tratar de obligar a un periodista a revelar el secreto de fuente de información es denegarle el derecho a su propio trabajo, enfatizó.
Manifestó que se afectaba el trabajo de los reporteros, pero tambien se perjudicaba a la sociedad en general.
La medida judicial asumida ratifica la racionalidad de la justicia y “de hoy en adelante será parte de un precedente para todos los periodistas bolivianos encabezados por sus organizaciones” expresó.
Destacó las gestiones realizadas por la Asociación Nacional de la Prensa para aglutinar a los medios de comunicación y definir su postura en defensa de la libertad de prensa y de expresión.
