La prueba deberá tener una antelación máxima de 48 horas. Quien no cumpla con uno de estos requisitos no podrá ingresar a la capital.

La verificación de los costos en los laboratorios privados fueron ejecutados en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria que garantiza la regulación de precios como política de protección a la economía de la población.

"Es un derecho humano decidir vacunarse o no, de igual manera asistir a mercados, entidades bancarias o instituciones públicas, pero no es un derecho poner en riesgo la salud de otras personas", dijo.