Para la expresidenta, la decisión del Tribunal cumple el “mandato constitucional y las leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia” y “dignifica la justicia y de alguna manera nos lleva a creer que no todo está perdido para los presos políticos y bolivianos en general”.
La información fue difundida por la defensa de la expresidenta, quien se anotició de la resolución. “Estamos gratamente sorprendidos”, dijo la abogada Norka Cuellar.
Aclaró, sin embargo, que la Compañía de Jesús no se desentenderá de los casos, sino que ha reformulado su espacio recepción de denuncias con la integración de nuevos profesionales que puedan ayudar a las víctimas con empatía y delicadeza.
El abogado de la expresidenta, Luis Guillén, apuntó que el Tribunal Supremo de Justicia "ya remitió" los antecedentes del caso al juez Marco Amaru para que se diera "luz verde" al proceso.
El juez Amaru había sido cuestionado en los últimos días, porque el año pasado fue aprehendido en dos ocasiones, sindicado de favorecer a presuntos autos de asesinato y feminicidio.
En la "barricada" Galindo dijo que el Gobierno vulnera los derechos de la expresidenta como ciudadana y el debido proceso de la justicia.