El Ministerio de Gobierno dentro de este proceso penal tiene la condición de acusador particular en contra del beniano Nallar y otros, por la comisión del ilícito de asesinato de dos efectivos policiales y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), suscitado el 21 de junio de 2022.
Explicó que la perspectiva del Estado consiste en monetizar los bienes que se secuestran y advirtió que, si éstos se deterioran, “el precio va decrementando”.
Las peticiones surgieron luego de que se supiera que el comandante general de la Policía y un fiscal utilizaban los coches secuestrados.
El pronunciamiento surge después de que ERBOL publicó que vagonetas Land Cruiser modelo 2022, secuestradas en una investigación contra Nallar, son usadas para trasladar al comandante de la Policía, general Álvaro Álvarez, y el fiscal departamental de La Paz, William Alave.
Para los tres involucrados se solicitó la pena de 30 años de prisión. Dentro de la investigación se identificó a Edgar D.M., como otros de los involucrados, sin embargo, fue declarado rebelde ante la justicia y se emitió una notificación roja internacional ante la Interpol para dar con su paradero.
El acta desistimiento, difundo por medios cruceños, se encuentra firmado por Liliana Sánchez Rojas, esposa del sargento Alfonso Chávez, Magdalena Gonzales Alcócer, esposa del sargento Eustaquio Olano (+) y Lider Candia, padre del voluntario José David Candia Orozco.
El yerno del capo del narco denunció que le niegan atención médica, le orinan su ropa y le echan su sopa en la cárcel de máxima seguridad.
Su defensa aseguró que sufría "amenazas" e incluso dijo que corría riesgo su vida si permanecía en ese centro penitenciario de La Paz.
