El informe explica que hasta el pasado 22 de abril, habían 24.944 personas en diferentes cárceles de inmigración del país, de las que 15.124 fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y 9.820 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
 

Los funcionarios llegaron hasta el limite fronterizo, que es vigilado por agentes de la Policía Nacional de Perú (PNP) para impedir el paso irregular de los migrantes, y comenzaron a atender a grupos de 20 personas, según mostró el Canal N de televisión.
 

Mientras que la medida no suscitó críticas internas, sino más bien apoyos ciudadanos y políticos, la situación en las diferentes fronteras se mantuvo en tranquilidad, con excepción de la sureña Tacna, en el límite con Chile, donde decenas de migrantes, en su mayoría de Haití, Colombia y Venezuela, protagonizaron trifulcas con agentes de la Policía Nacional.
 

Boluarte afirmó que esta medida "permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de las fronteras con la finalidad de prevenir el orden interno y los derechos constitucionales de la población".
 

Llegarán a este templo para orar para que el Gobierno mexicano termine con la corrupción, desaparezca el Instituto Nacional de Migración (INM) y se brinde un trato humanitario a las personas en movilidad.
 

Los agentes de CBP cerraron el paso de peatones y de vehículos y colocaron barricadas para impedir el paso de los migrantes que intentaban ingresar a Estados Unidos.
 

Entre los migrantes se hallaron la noche del miércoles a 161 adultos procedentes de Guatemala; 6 de Honduras y El Salvador, respectivamente; y 5 de Ecuador, según un comunicado del INM.
 

Según reportaron autoridades locales de Colchane, la gestión municipal permitió que el gobierno acogiera a las personas afectadas en las instalaciones de respuesta migratoria luego de que el numeroso grupo fuera impedido de ingresar a Bolivia porque habrían llegado de manera irregular a territorio chileno.
 

La situación provocó que el cruce fuera cerrado tanto para los peatones como para los vehículos de lado mexicano y estadounidense.
 

Según un comunicado emitido por la Fiscalía, la gran mayoría de estas personas se encontraban siendo transportadas por situación de migración laboral, tal y como han confirmado tras entrevistarse con ellas.
 

"Al momento se registran 40 personas fallecidas y 27 heridas, de las cuales 23 permanecen hospitalizadas", informó dicha instancia en un comunicado de prensa.
 

Tras el fatal accidente, entre los migrantes el principal temor es ser capturados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) ya que en las instalaciones de este organismo ocurrió la tragedia.
 

El OVP sostuvo que los recintos donde son detenidas estas personas no cumplen "las condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos".

Unos 10.000 cubanos se han beneficiado del parole humanitario vigente desde enero, informó recientemente el subsecretario del Departamento de Estado, Brian Nichols.
 

Detalló que son tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Por el momento, compartió, fueron cumplimentadas cinco de las órdenes de detención, aunque no precisó quién es la persona que todavía no ha sido puesta a disposición judicial.
 

En un breve comunicado transmitido por el portavoz de Guterres, el diplomático portugués también ofreció sus condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos.
 

En el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez habían decenas de migrantes retenidos, la mayoría proveniente de Venezuela.
 

Chile, que reforzó a fines de febrero su frontera con Perú y Bolivia con un importante contingente militar, vive una crisis migratoria desde años, que se desbordó en 2021.
 

Para el exmandatario boliviano, la "reconducción" de migrantes irregulares "con militarización y sin coordinación bilateral es forzar la expulsión con estigmatización".

Chile desplegó el pasado 27 de febrero a las Fuerzas Armadas en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia, un operativo que durará 90 días y que ya suma miles de controles y decenas de detenciones.