En una reunión privada en un café en El Prado paceño, García Quecaña explicó a los representantes que hacían el trámite de tierras (un abogado y una mujer) que deberían abonar 380 mil dólares para viabilizar la titulación de los predios; 100 mil dólares para Characayo Villegas, 80 mil para el Director General de Desarrollo Rural y 200 mil para funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).