El pronunciamiento de Añez sucede en momentos en que se desarrolla el diálogo entre las tres fuerzas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para llegar a consensos por las elecciones judiciales.
La expresidenta Añez fue imputada por el delito de genocidio por los casos Senkata y Sacaba, sin embargo, reclama que le corresponde juicio de responsabilidades y no proceso ordinario, al tratarse de hechos ocurridos cuando ejercía como mandataria.
El decreto en cuestión es el 4329 del 7 de septiembre de 2020, el cual habilitó al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de manera excepcional, otorgar un anticipo de hasta 50% del monto total del contrato, para la adquisición de una nueva flota de buses.
La información fue proporcionada por la abogada de Áñez, Norka Cuéllar, quien indicó que no fueron notificados, pero se conoce que el fallo de la apelación estaría listo.
El abogado de la expresidenta, Luis Guillén, apuntó que el Tribunal Supremo de Justicia "ya remitió" los antecedentes del caso al juez Marco Amaru para que se diera "luz verde" al proceso.