En el programa Buena Noche de Opinión Bolivia, Guamán indicó que esta instancia comenzó la gestión hace un mes, en julio de este año, y está conformado por 108 miembros.
La mujer que dejó en la orfandad a dos hijos, de 4 y 12 años, también recibió previas “amenazas de muerte”. La delegada Defensorial del Pueblo, Marioly Álvarez, informó que solicitarán informes sobre el actuar de la Justicia.
La autoridad explicó que las acciones están establecidas en los Decretos Supremos 1302 y 1320, normas que tienen por objeto “establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo".
Las declaraciones de la diputada masista Olivia Guachalla y de la subalcaldesa Lineth Rodríguez fueron realizadas a pocas horas de que la Mancomunidad 1° de Mayo sostenga una reunión hoy con el alcalde Manfred Reyes Villa, para tratar demandas de ejecución de obras de alcantarillado, asfaltado, empedrado y otras.
Cientos de personas se querellaron contra diferentes diócesis y parroquias del estado en demandas millonarias.
El ahora expulsado de las filas del MAS afirmó estar seguro de que por “órdenes” de Morales solicitaron dinero a otras autoridades y personas particulares en la recta final de la campaña electoral que terminó con la victoria del binomio oficialista. Añadió que, particularmente en su caso, “no le presentaron ningún informe”.
“Quiero hacer énfasis en esto: hace cuántas gestiones rectorales él ya había sido denunciado y había múltiples víctimas; y, ¿qué ocurrió hace varios años?, lo protegieron, no hubo sanciones administrativas ni tampoco por la vía penal”, señaló la responsable de la oficina de Apoyo para la Familia de la Fundación Dignidad, Andrea García.
Acusó al oficial mayor administrativo y financiero del ente fiscalizador, Aldo García, de cesar en sus funciones a varios trabajadores.
