En un acto desarrollado en Casa Grande del Pueblo, el presidente Luis Arce hizo el anuncio oficial y lo consideró como un primer paso para que los beneficiarios puedan convertirse en ciudadanos del país, acceder a estudios, realizar trámites, entre otros.
El decreto, emitido en Cochabamba, entra en vigencia por 30 días. Establece la conformación de equipos de rastrillaje para visitar diferentes actividades económicas en busca de casos de COVID-19.
Dicha norma aprobada en enero establecía que, además de privados de libertad que debían cumplir ciertos requisitos, se otorgaba amnistía e indulto a personas procesadas por el gobierno de Jeanine Áñez.
La norma fue presentada este miércoles por el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, y la defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz, junto a otro decreto que crea una plataforma de monitoreo del flujo de migraciones en el país.
“Ya hemos remitido el proyecto de decreto supremo de derogación. Está en consideración del presidente y estimó que las próximas horas, espero no días, tengamos ya la norma derogada”, dijo Lima en entrevista con ERBOL, a momento de destacar que la decisión del Gobierno es implementar las recomendaciones del GIEI.