Mérida declaró en Unitel que el menor acusado "reconoció el hecho" y que por ello se dará su traslado al Cometa, tras recibir la sentencia.
En octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a la presidencia y fugó del país agobiado por las protestas que rechazaban la exportación de gas por un puerto chileno y tras ordenar la masacre que dejó más de 60 fallecidos en lo que se denominó la “guerra del gas”.
Según Mariaca, la resolución de rechazo de la denuncia fue de conocimiento de las partes y no hubo ninguna impugnación al respecto que motivara a que se continúe el caso en investigación por el delito de homicidio.
En la audiencia, Áñez anunció que renunciaba a su defensa técnica e, incluso, rechazó que le asignen un abogado de oficio.
Los tres efectivos varones Bruno T., Roy M. y Rolando P., todos de grado sargento, deben ser trasladados al penal de Patacamaya; mientras que las mujeres, capitán Jimena A. y sargento Sonia C., serán recluidas en la cárcel de Miraflores.
En el inmueble se encontró una “gran cantidad” de personas reunidas con equipajes que se encontraban “listas para realizar el cruce ilegal hacia la frontera chilena”, añadió, según un boletín de prensa.
En la audiencia de cesación a la detención preventiva, el Juzgado Octavo de Instrucción Penal de la capital dispuso además del arresto domiciliario el permiso para trabajar, el pago de una fianza de Bs 15.000 y le arraigo.
La información fue proporcionada por el abogado defensor Luis Guillén, quien indicó que se ha apelado la decisión del juez al considerarla arbitraria y de sometimiento a intereses políticos.