“El Ministerio Público tiene la obligación de identificar a los autores de los delitos identificados por el GIEI-CIDH en su informe final”, indica parte del comunicado de la denominada Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, atribuyó los asesinatos que se han cometido en esa población a extranjeros.
El subcomandante de la Policía de Santa Cruz, Edson Claure, informó que dos personas se encuentran aprehendidas y cuatro arrestadas. Prevén más órdenes de captura.
Los crímenes van desde asesinato hasta infanticidios que movilizaron a las autoridades y a la misma población debido al alto grado de brutalidad y violencia para ser perpetrados.
Fuentes policiales dieron cuenta de crímenes en distintas regiones del estado, que desde hace más de una década está sumido en violencia relacionada con la disputa de bandas del narcotráfico.
En Bolivia no existen estadísticas oficiales sobre linchamientos. Por registros de medios de comunicación, se conoce que unas 22 personas fueron torturadas y asesinadas a nivel nacional durante cinco años, entre el 2014 y 2018.
Se trata del mayor número de muertes violentas de nativos brasileños registrada en los últimos 25 años, además de las más de 1.200 causadas por la pandemia de la COVID-19, lo que hizo que 2020 fuera considerado un año "trágico" para los pueblos indígenas en el gigante suramericano.
Cinco personas resultaron muertas y otras tres heridas, en lo que el Gobierno ha calificado como un “típico” modus operandi de los fundamentalistas islamistas.
Pese a que en conjunto los delitos disminuyeron el año pasado, hubo 4.901 asesinatos más que en 2019.
