El País
Abogado: caso de Áñez se enviará a justicia internacional
La defensa de la expresidenta afirmó que si se declaran nulos los procesos que corresponden a juicio de responsabilidades, recibirá un resarcimiento.
En contacto con medios estatales, Siles expresó su confianza que mediante las apelaciones la justicia “reponga su error” y acepte juzgar por la vía ordinaria a Áñez.
Jeanine es apuntada por los hechos acontecidos en noviembre de 2019, cuando en Senkata (El Alto) 10 personas perdieron la vida y otras 31 quedaron heridas.
Para la expresidenta, la decisión del Tribunal cumple el “mandato constitucional y las leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia” y “dignifica la justicia y de alguna manera nos lleva a creer que no todo está perdido para los presos políticos y bolivianos en general”.
En este tema se debate si Áñez debe ser procesada en juicio ordinario o en juicio de responsabilidades, que requiere autorización legislativa y se desarrolla ante el Tribunal Supremo de Justicia.
"Es imperativo garantizar la vida y la integridad de los jueces, ante la arremetida de violencia y acoso masista que pretenderá mantener la ilegalidad y la mentira", demandó el expresidente y cabeza de CC.
Ayer, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, también se mostró descontento con la decisión del Tribunal alteño y la calificó de "aberrante”.
“Tomamos con mucha sorpresa y realmente nos muestra un total desconocimiento de un debido proceso”, señaló Alave.
La información fue difundida por la defensa de la expresidenta, quien se anotició de la resolución. “Estamos gratamente sorprendidos”, dijo la abogada Norka Cuellar.
Según Áñez, la acusan de genocidio como si hubiese sido Adolfo Hitler, la milicia palestina Hamás o una dictadura.
En la audiencia, Áñez anunció que renunciaba a su defensa técnica e, incluso, rechazó que le asignen un abogado de oficio.
La información fue proporcionada por el abogado defensor Luis Guillén, quien indicó que se ha apelado la decisión del juez al considerarla arbitraria y de sometimiento a intereses políticos.
En este caso, Áñez es acusada por haber ampliado, presuntamente de manera irregular, la concesión de Fundempresa para administrar las matrículas de comercio, mediante el Decreto Supremo 4356 de 2020.