Los firmantes exigían una investigación nacional "rigurosa, integral y verdaderamente independiente con un lapso de tiempo de 50 años".

El abogado Björn Gercke, uno de los responsables del informe, explicó que al elaborarlo se constató que muchos documentos fueron destruidos en aplicación de las normas del Derecho Canónico.
 

Esta primera audiencia fue breve, de unos ocho minutos, y sirvió para leer las acusaciones y presentar a las partes en el Tribunal.