Las economías a nivel mundial, entre ellas Bolivia, enfrentan en mayor y menor grado la crisis sanitaria inducida por la pandemia del coronavirus y las nuevas variantes, como la Delta, Ómicrom y otros, que afectó de manera negativa en las actividades económicas como el comercio internacional, el turismo, los precios de las materias primas y alimentos, entre otras, además de los ya conocidos como la crisis ambiental y la financiera, que afectan en el desempeño de las economías de cada uno de los países.

Sin duda, la lucha contra la COVID-19 es uno de los grandes desafíos a nivel mundial, y en caso boliviano podemos ver reflejado en el Presupuesto General del Estado para 2022, donde no solamente se contemplan políticas públicas de inversión para el fortalecimiento del aparato productivo y de infraestructura, sino también políticas sociales como la “atención de la salud”, los cuales son ejecutados por las instituciones públicas involucradas a través de programas y proyectos, necesarias para la prestación de bienes y servicios, y atención oportuna en beneficio de la población.

Para tener una economía estable, la salud de las y los bolivianos es una prioridad, para lo cual el gobierno ha destinado en el presupuesto 2022, 23.590 millones de bolivianos, que representa el 10% del presupuesto consolidado y es mayor en 3,3% en relación a la gestión pasada. Además, recientemente el gobierno anunció que se asignó un adicional de 120 millones de bolivianos con recursos del TGN para la contratación de médicos, enfermeras y personal de apoyo para la atención de la COVID.

Según información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los recursos ejecutados para la prevención, atención y contención de la COVID, entre enero y octubre de 2020 alcanzaron 1.657 millones de bolivianos; entre noviembre y diciembre de 2020, 1.319 millones, y en la gestión 2021, 3.181 millones.

Para la presente gestión, en el PGE 2022, los recursos destinados para la lucha contra la COVID-19, para la prevención, contención y atención ascienden a 3.011 millones de bolivianos, dos veces mayor a lo presupuestado en el 2021, de los cuales el 71% son financiados por el nivel central, 22% entidades de seguridad social, 7% entidades territoriales autónomas y otras instituciones. Estos recursos serán destinados principalmente para la compra y adquisición de medicamentos, vacunas, pruebas PCR, pruebas antígeno nasal, abastecimiento de oxígeno, contratación de personal, suministros, equipamiento y fortalecimiento de establecimiento de salud, entre otros.

En este sentido, es muy importante resaltar el esfuerzo que realiza el gobierno, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce, para garantizar los recursos necesarios para la prestación de los bienes y servicios de la salud, infraestructura, disponibilidad de insumos y accesibilidad a los servicios de salud en beneficio de la población boliviana, que coadyuvará en la sostenibilidad de la economía nacional.

Mariana Mazzucato, en su artículo de opinión “El capitalismo en su triple crisis”, señala que: “La buena noticia es que podemos usar el estado de emergencia actual para comenzar a crear una economía más inclusiva y sostenible”. Por eso estoy convencido de que la participación del Estado es fundamental para enfrentar la crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial.

La lucha contra la COVID-19 es un trabajo conjunto e integral de todos los niveles del Estado (central, gobernaciones, municipios, universidades, empresas y otras), sin importar el color político, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud, como establece nuestra Constitución Política del Estado.

FORO

Zenón Pedro Mamani Ticona

Economista

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