La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y Unión Europea, han mostrado preocupaciones sobre el narcotráfico en la región. Si bien el caso boliviano no se asemeja a los de Colombia y Perú, y la situación no es equiparable a México, Bolivia resulta especialmente vulnerable al narcotráfico por la poca presencia estatal en fronteras extensas como la que comparte con Brasil y Chile, aunque también por la ausente preocupación de gobiernos subnacionales en lo que respecta a seguridad ciudadana. En el informe de 2021 de la UNODC, por ejemplo, se dice que, a nivel mundial, a pesar de que las zonas de cultivo ilegal de coca habrían disminuido, en el caso de Colombia, la producción de cocaína habría subido en 15%, en Perú habría alcanzado los niveles históricos máximos, y en Bolivia, las zonas de cultivo ilegal de coca estarían en aumento. De hecho, la Unión Europea alerta el 2021 de que en comparación a 2019, donde hay 25.500 hectáreas de cultivo de coca en Bolivia, en 2020, habría subido a 29.000 hectáreas (en 2009, el punto alto, llegaban a poco más de 30.000 hectáreas, y a pesar de que descienden hasta el 2012, desde 2013 van en aumento). Y si bien esto puede deberse a que la pandemia por el COVID-19 ha debilitado el poder de los gobiernos nacionales frente al narcotráfico, y que no existen datos recientes, en realidad refleja una tendencia: Bolivia es un país cada vez más inseguro, y donde el Estado -en cualquiera de sus dimensiones- hace poco frente al narcotráfico y al crimen organizado.

El índice de Paz Global de Institute for Economics and Peace muestra a Bolivia como un país relativamente inseguro en el puesto 105, y que va bajando de ránking desde el año 2011, que es cuando está en el puesto 83. Nada comparable a Colombia (puesto 144) y México (puesto 140). Pero cuando se hace un análisis comparado con ambos países, es cuando Bolivia resulta especialmente vulnerable. Colombia fue uno de los máximos productores de cocaína del mundo por su cercanía con el mercado de Miami, en Estados Unidos, pero al igual que Bolivia, existe un problema de tierras históricamente no resuelto por el Estado y que se politiza aunque en Colombia -a diferencia de Bolivia- se refleja en 3 guerras casi simultáneas, como las de la FARC, ELN, M19 contra el Estado colombiano, la de los paramilitares contra la izquierda colombiana y los narcotraficantes contra, de nuevo, el Estado colombiano. Esto no ha ocurrido en Bolivia, pero el problema agrario de Colombia es similar al boliviano, y también se politiza, con una colonización relativamente reciente por pequeños productores campesinos en, sobre todo, la región centro del país que registra un crecimiento demográfico de 136% entre el Censo de Población y Vivienda de 1992 y el Censo de 2012. Por otro lado, el narcotráfico en México vio un crecimiento explosivo más reciente que en Colombia: a una estructura de corrupción policial impulsada por el gobierno del PRI (1930 – 2000) en el que la policía se une al crimen organizado a manera de controlarlo, pero también de perseguir a rivales políticos, se suma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), impulsado entre 1992 y 1994 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En sí, el TLCAN no es malo, pero se ve envuelto en una debilidad estatal notoria en la que los transportistas mexicanos ganan notoriedad por sobre vías de contrabando que terminan de consolidarse. A esto se añade que la política antidrogas de Estados Unidos había debilitado a Colombia y Sudamérica y traslada el narcotráfico a Centro y Norte América. Por supuesto, hay que salvar diferencias: el problema colombiano es sobre todo agrario y rural, mientras que el mexicano es urbano.

Colombia y México muestran debilidades que el Estado boliviano también tiene: mientras el narcotráfico en Colombia toma gobiernos locales para clientelizarlos y negociar privilegios de orden político, económico y social (como el caso de Cali y Medellín), en México se trata de fronteras extensas que son difíciles de controlar. En Bolivia resulta especialmente llamativa la vulnerabilidad de gobiernos locales frente al narcotráfico y la inseguridad ciudadana: en 2021, de los nueve gobiernos departamentales en el país, en promedio se destina 1% de sus presupuestos a seguridad ciudadana, siendo que el departamento de Santa Cruz es el que más presupuesto destina (4%), el de Tarija el que menos (0.1%), y no existen datos de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Pando. Por otro lado, aunque la UNODC haya felicitado al Ministerio de Gobierno boliviano por mayores incautaciones en 2021 que en 2020, la misma oficina en su World Drugs Report alerta sobre ciertas tendencias: la cocaína de la región ya no tiene como mercado principal a Europa Occidental, sino a los países balcánicos en Europa Oriental y que estos actúan en los Andes sin intermediarios, además de que la hidrovía Paraná – Paraguay estaría resultando problemática por los pocos controles existentes. Hidrovía que conecta, por cierto, a la economía de Santa Cruz, Tarija y en menor medida Beni y Chuquisaca.

En pocas palabras, el Estado boliviano no es un Narco Estado pero existen las condiciones. Si entendemos por Narco Estado uno en el que el narcotráfico tiene decisiones sobre políticas públicas, el caso de Pablo Escobar como Senador Suplente en Colombia, o el dato de que 33% de los senadores colombianos y 25% de los diputados en investigación por vínculos con narcotráfico en 2006, no son datos existentes en Bolivia.  Pero eso no exime la vulnerabilidad del caso boliviano. Urge que los gobiernos locales y el gobierno nacional coordinen acciones en amparo a la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, incrementen presupuestos, que la seguridad tenga un rol central en, sobre todo, las ciudades intermedias, y que se refuercen relaciones con Paraguay y Brasil.

FORO

Wim Kamerbeek Romero

Politólogo

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