El coronavirus (COVID-19) puso a prueba la capacidad de reacción de las naciones del mundo, traducidas en la aplicación de medidas de contención para frenar su rápida propagación, contagio y transmisión. Aunque en otro sentido, también ha desnudado las grandes limitaciones de los sistemas de salud en la región y cuyas características comunes dan cuenta de políticas deficientes de bioseguridad e incumplimientos de protocolos y estándares internacionales; además de infraestructura, mobiliario, insumos, equipamiento y personal médico limitado.

En nuestro caso, debería preocuparnos la exigua inversión del PIB en salud pública que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la define como un sistema sanitario considerado “débil”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre gasto en salud en América Latina, publicado por la BBC-News Mundo, de fecha 23 de marzo, Bolivia ocupa el puesto 17 de un total de 20 países; con un gasto per cápita (PPP) de 462 dólares, gasto público (% PIB) 4,4% y gasto privado (%PIB) del 1,9%. Países como Cuba, Chile y Uruguay destinan un gasto per cápita (PPP) por encima de los 2000 dólares.

Con relación a la capacidad hospitalaria, Cuba, Argentina y Uruguay superan el promedio global de 27 camas por cada 10.000 habitantes. Bolivia ocupa el puesto 15, con 11 camas de hospital para 10.000 habitantes y sin registro de capacidad de camas para unidades de cuidados intensivos. A ello se suma la paupérrima asignación de recursos humanos para salud, que refleja 0,47 Médicos (Per) por cada 1000 habitantes y 1,01 enfermeras por 1000.

Estos datos interpelan duramente las políticas gubernamentales aplicadas durante el gobierno de Evo Morales, cuya inversión para reformar y mejorar el sistema de salud nunca estuvieron orientadas a afrontar los nuevos desafíos relacionados en gran medida con la transición demográfica y epidemiológica, la universalidad y equidad en el acceso a servicios de calidad y de una cobertura poblacional apropiada.

Por si fuera poco, publicitaron un Seguro Único de Salud (SUS) carente no solo de una reforma institucional al sistema de salud, sino que nació desfinanciada y sin contar con los recursos humanos, infraestructura e insumos necesarios para atender a 4,2 millones que representa el 37% de la población total que no goza de seguro de salud. Cuan equivocado estuvo el autócrata cocalero al señalar que “entregar un campo deportivo, es como entregar un hospital” y que, junto a otras banalidades, caprichos y egolatrías, obstaculizaron resolver la crisis y la precaria situación del actual sistema de salud pública que debe afrontar la emergencia sanitaria del coronavirus.