Después de dos días sin Gobierno y 21 días de conflictos, finalmente se produjo la sucesión constitucional por la ausencia definitiva de Evo Morales y Álvaro García, cristalizada con su arribo al país de México, bajo el estatus de asilados políticos el pasado 12 de noviembre.  

Ante el vacío de poder y en aplicación del artículo 170 de la CPE, que determina la sucesión constitucional inmediata originada en la vacancia, abandono material de funciones por impedimento definitivo, conforme al texto y sentido de la Constitución, la presidenta de la Cámara de Senadores Jeanine Áñez Chávez, se convirtió en la nueva Presidenta del Estado, a través de la activación de la “sucesión constitucional inmediata”, para resguardar y garantizar el fin supremo de la vida, la integridad y orden público. 

No fue necesaria la lectura y consideración de las cartas de renuncia ante la Asamblea Legislativa, cuál era la estrategia dilatoria de la bancada oficialista, que, al parecer, desconocían la Declaración Constitucional del año 2001, que establece el mecanismo de sucesión “ipso facto” hasta la finalización del periodo constitucional, sin necesidad de ley y resolución congresal alguna. Posteriormente, el TCP validó la constitucionalidad de la sucesión, especificando que “para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del artículo 169-I de la CPE, tomando en cuenta la parte pertinente del precedente jurisprudencial de la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001”.

Áñez tiene la misión de convocar a elecciones generales en el menor tiempo posible, pero fundamentalmente, pacificar el país ante la ola de violencia, saqueos y vandalismo generados por grupos delincuenciales, especialmente en El Alto y La Paz. 

Una vez más triunfó la democracia y el estado de derecho tras la convulsión inducida por los resabios del MAS, cuyo pensamiento e influencia ideológica anacrónica y mezquina, impide superar esta crisis social persistente. Más aún recurren a estrategias y argumentos reprochables como la discriminación y el odio infundado entre bolivianos, así como la promoción tendenciosa de supuestos agravios a símbolos patrios como la wiphala. 

Es censurable el perverso adoctrinamiento de gente indígena, bajo consignas equívocas de exclusión, racismo y autovictimización para fortalecer nostalgias de una izquierda socialista inescrupulosa y misógina de identificación con el expresidente indígena y que, junto a otros sectores, representaron su base política corporativa sindicalista y gremial (...).