Tras un periplo de 11 años, la Fiscalía General del Estado decidió, finalmente, retirar la acusación en el caso Terrorismo el pasado martes 4 de febrero. Tal decisión se fundamenta en la condena de 12 años por concusión y uso indebido de influencias contra Marcelo Sosa, fiscal a cargo del caso, quién luego de huir a Brasil, denunciara que el proceso fue montado; la condena de un abogado por extorsión; la renuncia de la jueza ciudadana Sonia Mamani que además revelara que el Gobierno efectuó pagos ilícitos a jueces para manipular el proceso; el retiro de la acusación del Ministerio de Gobierno, entre otros. 

El 16 de abril de 2009, un operativo comandado por una unidad de élite de la Policía (UTARC) irrumpió en el hotel Las Américas de Santa Cruz, para dar muerte al húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, supuesto líder de una célula terrorista; al rumano Magyarosi Árpád y el irlandés Michael Dwyer. Salieron con vida Elôt Tóásó (húngaro) y el boliviano-croata Mario Tadic.

Por este caso, la Fiscalía imputó a 39 personas por terrorismo y otros delitos, entre ellos prominentes políticos y empresarios cruceños. La trama urdida por el anterior Gobierno, no solo marcó uno de los episodios más tenebrosos de la reciente historia de Bolivia, sino que también fue la punta de lanza para aniquilar políticamente a dirigentes opositores que pretendían impulsar una supuesta rebelión armada, que nunca pudo comprobarse.  

Las mentes perversas que planificaron y fabricaron este montaje, jamás tuvieron la capacidad de sostener las delaciones de terrorismo y, ante la falta de indicios, se ocuparon de forzar testimonios, sembrar pruebas, recurrir al chantaje, la amenaza y extorsión para inculparse como fuera el caso de Tadic y Tóásó, presos en Palmasola, así como ejecuciones extrajudiciales, secuestro precedido de torturas para obtener testimonios y confesiones que dan cuenta de violaciones a los derechos humanos.

Morales comprometió la fe del Estado que corre un gran riesgo por las demandas internacionales por este y otros casos. De ahí que las faltas y delitos cometidos, no pueden quedar impunes frente al perjuicio y daño irreparable ocasionado a quienes fueron perseguidos, encarcelados, extorsionados y obligados a huir del país por este ignominioso caso, que empaña una vez más la credibilidad de la justicia boliviana.