Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 24 de junio de 2021
  • Actualizado 18:07

Deforestación urbana y destrucción de los bienes comunes

Deforestación urbana y destrucción de los bienes comunes

El cuestionado progreso urbano como satisfactor de necesidades es un argumento frecuentemente aceptado para justificar y tolerar la destrucción de los bienes comunes, para dar pie a políticas urbanas que priorizan la producción, reproducción y el amasamiento de capital junto a la barbarie sistémica de la destrucción ambiental a una escala ampliada. Aunque sea evidente que los recursos, espacios, valores y sistemas naturales permiten la vida.

Los aportes de Elinor Ostrom identifican a estos recursos como los “bienes naturales o hechos por el hombre,…que prácticamente cualquiera puede acceder a ellos”. Más allá de la clasificación binaria de bienes en públicos y privados, los comunes son aquellos procesos y recursos que no funcionan bajo la lógica de la propiedad mercantil privada, ni bajo la jerarquía estatal. “Un primer tipo contempla el agua, la tierra, el aire, los bosques recursos biológicos de los cuales depende la vida de la humanidad; un segundo tipo incluye la cultura y el conocimiento, las creaciones colectivas de nuestra especie; el tercer tipo son los bienes comunes sociales, que garantizan el acceso público a la salud, la educación y la seguridad social” (Foro Internacional sobre la Globalización).

Esta mirada permite entablar un diálogo más amplio sobre los tipos de riqueza y valores que están presentes en las ciudades y el territorio, para entender que no toda la riqueza tiene un precio de mercado, siendo necesario su reconocimiento y protección activa.

La sociedad del espectáculo, la imagen y del consumo desmedido menosprecia lo común, acrecentando la violencia constante contra la naturaleza en todos los ámbitos de la existencia humana. Es evidente que el desapego por el cuidado de los bienes comunes se incrementa en las urbes, pocos individuos los cuidan, reclaman, recrean, protegen o restauran activamente pensando en las generaciones presentes y futuras. Este descuido es una consecuencia más del paradigma del libre mercado y la propiedad privada, “panacea” del bienestar social, económico y ambiental.

La gestión del cuidado ambiental urbano territorial está repleta de “buenas intenciones”, de argumentos de resilencia, mitigación, compensaciones, de delegación y trasplantes de responsabilidades para no cumplir con los objetivos planteados en la legislación que llaman a conservar los bienes comunes -sin reconocerlos- , derivando en la vulneración de leyes nacionales o municipales: Ley del Medio Ambiente, Ley de Participación y Control Social, Ley del Parque del Parque Nacional Tunari, Ley Nacional del Molle, Ley de creación de la Región Metropolitana Kanata y la Ley municipal del arbolado.

Porque “resulta difícil definir como propias las cosas comunes” (Quinto Horacio). Abundan las justificaciones amañadas de trasplantes de árboles añosos con machete y retroexcavadora asesina de vida, estamos repletos de “peroratas verdes” que justifican inútilmente licencias ambientales. Continuamente escuchamos voces que transmiten responsabilidades a las generaciones futuras, postergando cómodamente acciones urgentes frente al calentamiento global y el cambio climático; mientras,  la mano invisible del mercado contravén desde la gestión urbana a través de gestores públicos de ética profesional maleable y amnesia voluntaria, otorgando licencias para el máximo e inmediato beneficio individual por encima de la vida.

La gestión ambiental urbana no comprende que “Mantener la integridad de los bienes comunes permite mantener las relaciones, valores e identidades sociales, que el dinero no puede sustituir” (David Bollier). Se antepone el ejercicio burocrático instrumentalista orientándolo hacia la acumulación y valorización de capital, y así también se reprime y criminaliza a los sujetos, fuerzas y movimientos ambientalistas ecologistas que contravengan esos intereses. Nos inunda de espejismos y marketing de gestión urbana sostenible.

Así lo evidencia -entré otras cosas-, la construcción del Corredor Vehicular Quintanilla, transgrediendo disposiciones legales y tergiversando la  función pública. Escenario del ecocidio – urbicidio, se recurre a la tala de árboles de un área potencial para el emplazamiento de un corredor verde en esta maqueta de ciudad donde todo se rearma y reescribe, olvidando que la pérdida de cada árbol cuenta.

Este escenario urbano decadente nos exige la construcción de redes para gobernar, conservar, rehabilitar y reproducir bienes comunes, desde lógicas y acciones colectivas que busquen el bienestar común anteponiéndolos a los intereses individuales. Nos exige desenmascarar a gestores públicos que se visten de defensores ambientales, para trascender del inmediatismo obrista, para entender y actuar estructuralmente en la gestión ambiental de la ciudad y la metrópoli desde la colectividad, frente al mercado hegemónico y la infructuosa planificación estatal urbana territorial.

No escuchar estas voces emergentes es un gran error, ellas son parte de una forma de gobernanza distinta al mercado y al Estado, son una expresión legítima de una ciudadanía ambiental responsable, son el camino para gobernar los bienes comunes. No se basan en jerarquías, ni en un poder central, no son excluyentes pueden convivir con otras formas de gobernanza e incluso pueden hackearlas desde abajo, porque unen, refuerzan el sentido y la conciencia de cuidado de la vida y de los bienes comunes, en la ciudad y el territorio como espacio de vida para la vida.

REHABITAR

Richard Nelson Mamani Callisaya

Arquitecto / miembro del Taller colectivo reflexión y de acción territorial - ReHabitar,

[email protected]

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