El principio de proporcionalidad es un concepto profundo e instrumento jurídico que aparece con frecuencia inusitada en la motivación de las decisiones de los tribunales y los jueces; como un canon para controlar la actividad legislativa que colisiona con el contenido de los derechos fundamentales.

No se trata  de un instrumento jurídico que nace de la invención jurisprudencial y la doctrina constitucional de la segunda mitad del siglo XX. Es tan  conmovedor  este principio  por su medio--fin que subyace a una idea de proporcionalidad que se reveló como una forma de pensamiento en la filosofía práctica de la Grecia clásica.

Si proviene de Grecia significa que es muy intelectiva, aunque  su resurgimiento como concepto del Derecho europeo se remonta la contractualismo iusnaturalista de la Ilustración, entendida como el movimiento intelectual europea comprendido entre  la segunda Revolución Inglesa de 1688 y la Revolución Francesa de 1789 aunque con ramificaciones hasta 1830.

Este movimiento se caracterizó por el  racionalismo utilitarista  de la clase burguesa en su etapa ascendente en la consecución de la hegemonía  estructural capitalista y por la toma del poder político, que el despotismo ilustrado intento inútilmente conjurar, que es un hito  por el cual prosperaron los presupuestos de un Derecho moderno, fundamentalmente en el área penal.

Se trata específicamente de un reforzamiento de la protección de los ámbitos jurídicos individuales y el reconocimiento de derechos con el objetivo de limitar la intervención del Estado en el ejercicio de su potestad de policía y de un diáfano desarrollo  del principio de proporcionalidad en la práctica jurídica.

Se restringe la actividad de intervención estatal a circunstancias excepcionales y siempre con el condicionante que fuese necesaria y proporcional;  de esta forma el principio de proporcionalidad se aplicará con intensidad en todas  las áreas del Derecho Administrativo, sobre todo al administrativo sancionador y con primordial relevancia  en el ámbito del Derecho Penal; reiterando, con el fin de evitar un exceso de intervención del Estado  sobre el contenido de los derechos.

En las democracias  se ha consolidado y generalizado la utilización del principio de proporcionalidad y debería desempeñar  un rol no solo relevante en el área del Derecho Penal o del Administrativo sino, fundamentalmente, en el área  del Derecho Constitucional y de los Derechos Humanos, empero, lo vital es la fundamentación de las decisiones  tanto en los tribunales  internos como en los internacionales de Derechos Humanos.

Ejemplificando: en Alemania se aplica este principio por los jueces para reducir la carga procesal; en los casos de robos y hurtos se averigua con detenimiento si el sujeto quería enriquecerse o lo hizo por necesidad que hace la diferencia en la pena.

La fuerza del principio de proporcionalidad que goza de aceptación conlleva que todos los  poderes públicos estén sometidos al mismo en una doble vertiente, es decir, como criterio de actuación y como parámetro de control. En resumen hasta aquí: todos los poderes  públicos, cual fuere su ámbito y modo de actuación, deben obrar  en conformidad  con el principio de proporcionalidad y, a su vez, pueden ser controlados jurisdiccionalmente desde esta visión moderna.

FORO

RAÚL PINO-ICHAZO T.

Abogado, posgrados en Derecho Aeronáutico, Arbitraje y Conciliación

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