Fundamental para el lector es conocer que todo imputado tiene la libertad de declarar, facultad que goza de consistente amparo. En la mayoría de las leyes procesales y en su ordenamiento están prohibidos, como medios de técnica inquisitiva, los malos tratos, la amenaza al propio imputado  o  a sus familiares y el engaño; esto solo no es suficiente para impedir las prácticas ilícitas. 

La fuerza que, en apego a la verdad prevalece por doquier, lamentablemente no  es la ley sino la práctica averiguadora, que suele abrigar un aspecto harto distinto del que se podría esperar y confiar de la lectura de las normas legales. Entonces, ¿dónde reside el problema? En la corrección de la actividad investigativa que depende de la formación de los que la ejercen, por lo que los  medios ilícitos solo podrán destronarse  o erradicarse totalmente a través de una instrucción y educación apropiada, revestida de valores morales  y virtudes a las nuevas generaciones  de profesionales del Derecho  y de la Ciencia Criminal.

En nuestro país, para pesar de la población que sufre estos desatinos, la mayoría de los que ejercen estos procedimientos son incorregibles, similares a árboles torcidos sin redención; acostumbrados a obtener dinero por la prebenda diaria y la corrupción de las que se benefician y promueven como hecho natural.

En estos funcionarios existe la intensa tentación de violar estos deberes y valerse de métodos ilícitos, lo cual conforma una interrogativa cotidiana sumamente tentadora. 

Cuando el investigador  (fiscal) a razón de un feminicidio, por la presión de la prensa y la sociedad, se ve arrastrado por las circunstancias a recurrir a métodos ilícitos expresamente prohibidos cuando toma una declaración a un  presunto imputado, pues cree que no tiene que temer a la crítica de la opinión  pública debido a que puede contar con que el mismo juez  muestre comprensión con su proceder, si sus abusos son denunciados o invocados en las  audiencias.

Es innegablemente poderoso el aliciente para utilizar de apremios ilegales en la investigación de casos criminales por los cuales la opinión pública y la indeclinable insistencia de la prensa muestran vivo interés y seguimiento; se vive el mismo paroxismo en los casos de delitos políticos, sabotaje, alta traición que sitúan  en peligro a la estabilidad del Estado. 

Estas prácticas, naturalmente, no pueden desterrarse en un santiamén, sobre todo si la opinión pública y la prensa las estima justificadas, lo que conduce a concluir que no hay ningún país que sea totalmente inmune a estas ominosas actitudes, pero no luchar contra ellas sería un consuelo de tontos. El deslinde entre los medios lícitos e ilícitos estriba en la coacción, ya que es ilícita ésta cuando impide al presunto imputado a declarar libremente.

FORO

RAÚL PINO-ICHAZO T.

Abogado, posgrados en Derecho Aeronáutico, Arbitraje y Conciliación

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