Existe  en nuestra sociedad un inequívoco ambiente activo y acentuado en su interés por las reciprocas acusaciones entre contendores sobre acciones presuntamente  culpables en el orden de gestiones gubernamentales, disposición de bienes, de raigambre económico y enfrentamiento pertinaz entre partidos políticos que desestabiliza la paz social necesaria para el progreso personal, institucional y fundamentalmente al país.

Cuando una persona es acusada de acciones que presuntamente son antijurídicas, sería preceptivo, por la propia experiencia procesal, que el sujeto se subordine al concepto en lato sensu (sentido amplio) que la culpabilidad es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal en su acto, gestión o disposición.

Quien es acusado de algún acto de gestión y disposición sobre los cuales el propio autor concibe que existe culpabilidad, pero es una culpa sin voluntariedad en cuanto al resultado, puede evadirse de esta incómoda situación representando y publicando la relación cronológica del hecho (gestión, disposición) que seguramente  está amparada con documentos que sustentan la cronología  del hecho a la opinión pública.

Realizar esta acción que por la culpa sin voluntad es jurídicamente discutible y tiende solo a una conclusión culposa, decanta prácticamente en una situación liberadora y protectora al autor ante la opinión pública, que entenderá que sus actos fueron realizados con buena fe, aunque no tomó las precauciones o previsiones obligadas que lo inclinaron a la negligencia.

Callar es peor y lo menos recomendable, porque involuntariamente obliga a la opinión pública a extraer sus propias conclusiones que, ineluctablemente, se  desplazará  de la duda a la verdad de la acusación y, ahí, es donde el político pierde toda credibilidad.

Presentar a la opinión pública lo sucedido hará que cuando se produzca un resultado antijurídico este se deberá a la falta de previsión del deber de conocer, no solo cuando ha faltado al autor la representación del resultado que sobrevendrá, sino también la esperanza que no sobrevenga ha sido fundamento decisivo de las actividades del autor que producen sin querer el resultado antijurídico  y sin ratificarlo.

Quien concibe sus actos, gestiones o disposiciones con el convencimiento pleno que actúa con culpa  pero causa un daño sin propósito de hacerlo, aunque obre con imprudencia, negligentemente, obtiene el sentimiento liberador  en cuanto a la ley, la conciencia y a la opinión pública, que actuó con infracción  a los reglamentos  y a las disposiciones vigentes.

De esta forma, la acción del autor que dilucida la acusación de esta manera, hace prevalecer solo la acción de la omisión que causa daño sin propósito de hacerlo, mientras que en el dolo, la intención recae sobre el daño mismo que ocasiona.

Es cardinal conocer las diferentes clases de culpa que pueden ayudar definitivamente al presunto culpable a liberarse del ámbito penal, asumir su responsabilidad de culpa involuntaria y atenuar la misma. La culpabilidad cuasidelictual es un error de conducta tal que no lo habría cometido una persona cuidadosa en las mismas circunstancias extremas que el autor del daño.

La culpa concurrente se refiere que el daño causado sea imputable tanto al autor como a la víctima, y puede suceder que la concurrencia de culpas sea igual para ambas partes; hipótesis en la cual las responsabilidades se anulan y compensan y no dan lugar a ninguna condena por daños y perjuicios.

La culpa contractual, que deriva de su propio nombre, es un incumplimiento de los contratos, obligando al autor al resarcimiento de daños y perjuicios.

Otra clase de culpa que es muy interesante conocer es la culpa in eligendo, que es la culpa en elegir, en elegir mal. Esta elección de sus empleados y dependientes la realiza el dueño o responsable del emprendimiento, firma o empresa. También la culpa in eligendo se presenta en la elección de altos funcionarios de un gobierno.

Cuando estos dependientes obran negligente o criminalmente, que son las tesis actuales sustentadas en nociones jurídicas y económicas, como ser la subordinación o mandato para el personal dependiente y la del lucro que el gerente, socios o principal de la empresa o firma obtienen por las actividades de sus dependientes, entonces, cualquier acción negligente o criminal realizada por estos, recaen en la responsabilidad de aquellos.

FORO

RAÚL PINO-ICHAZO T.

Abogado, posgrados en Derecho Aeronáutico, Arbitraje y Conciliación

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