Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 09 de mayo de 2021
  • Actualizado 12:10

Tarda, pero llega

Tarda, pero llega

El triunfo electoral del MAS-IPSP con nuevos candidatos debió ser un ch’akirayo para quienes aspiraban a unir sus programas con la sola consigna de impedir que el MAS vuelva al poder, mientras hacían ocultos y, a veces, no tan ocultos esfuerzos por dividirse. Al final, más del 55% de los votos fue para el binomio Lucho-David y, si apelamos a la investigación de un hombre de prensa de conducta irreprochable, en ese 55 y más hubo un 40% de voto urbano.

Quizá lo mejor era cobrarse por Senkata, Sacaba y otras masacres, pero eso se hace en dictadura, cuando se toma a los caídos y se los ejecuta, no en democracia, donde uno busca justicia, pero la justicia es lenta, tarda, pero llega. Hay que cumplir ciertos protocolos como establecer los límites de la demanda, investigar, acumular pruebas y solo entonces el juez dirá si amerita un juicio.  Gobernar en democracia “no es así nomás”, como diría Jaime Sáenz, y por eso la ley SAFCO castiga no solo actos de corrupción sino también negligencias: falta de firmas, no haber cumplido protocolos, cosas que cualquier auditor financiero puede aclarar. La corrupción es creer que la cosa pública es también patrimonio privado. Tan no lo es, que la ley castiga este abuso y la ley es para todos, para gobernantes y gobernados. La negligencia es muy observada por los auditores, que se enfrascan en la falta de firmas o no haber cumplido protocolos, entre otras causas.

El período de investigación es de seis meses;  jueces y fiscales, policía e institutos forenses darán su veredicto. Desde la primera imputación, que no es acusación, el juez convoca a una audiencia para imponer medidas cautelares. Si hay riesgo de fuga, se recluye al imputado en esos seis meses; si no, se le concede detención domiciliaria, pero con la obligación de firmar un libro en la Fiscalía. Todas y todos los bolivianos podemos ser sujetos de investigación. Tras seis meses, se dirá si el imputado es acusado de cometer un delito, en cuyo caso se iniciará el juicio.

Hay sectores que se solidarizan con los exgobernantes, y están en su derecho, porque estamos en un régimen democrático; pero ¿qué puede hacer un Presidente a quien se le pide también justicia? En noviembre de 2019 hubo muertos y heridos en Senkata y Sacaba. Todos gente humilde, de nombres y apellidos que no resaltan en el sector público. ¿Tan solo por eso vamos a ignorarlos? Podemos hacerlo en nombre de una compasión injustificada, pero ¿y el Presidente? ¿Va a ceder a ese pedido si hay una mayoría que pide justicia para los muertos durante el interinato?

OJO DE VIDRIO

RAMÓN ROCHA M.

Escritor, abogado, “cronista de ciudad”

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