Faltan solo 28 días para las elecciones del 20 de octubre. Ojalá lleguen de una vez. Las urnas y no las armas decidirán quién gobierna nuestro país. Respetemos esa decisión.

Conspicuos dignatarios de Estado cuando gobernaba el gonismo, reunidos en una fundación creada por Goni y financiada por otra fundación norteamericana que promueve, dicen, la democracia, publicaron un informe económico que, luego de leer sus sesudos artículos, no hay más que convenir que estamos al borde del abismo y dispuestos a dar un paso adelante. Criterio que contrasta con una realidad constante: en dos años se ha duplicado el parque automotor de Cochabamba. No soy defensor de los motorizados, pero este es un signo de bonanza económica. ¿Cómo si estamos al borde del abismo? Un amigo taxista se queja de que apenas recoge pasajeros, pero tiene un coche que compró cero kilómetros. Le digo eso y arguye que lo sacó a crédito. Cuándo? El 2010. ¿Y quién gobernaba el país?

La anécdota sirve para diferenciar la democracia como rito previo a la forma de gobierno o la democracia económica, que depende de un modelo económico basado en la redistribución del ingreso. 

Los sesudos analistas de un diario paceño dicen que el nuevo Gobierno tendrá que devaluar la moneda. El cambio fijo, la estabilidad del dólar sostenida por 14 años, ha sido la peor chambonada del actual Gobierno, y el nuevo tendrá nomás que devaluar la moneda.

Los economistas opositores claman porque el Gobierno “se sincere” con la cotización internacional de la gasolina y el diésel, que es tres veces mayor a los precios que rigen en Bolivia; pero ya tendrán tiempo de repetir sus consignas cuando el pueblo decida con su voto quién ha de gobernar el país.

El lenguaje del Estado es la ley. Cada vez que el Estado abre la boca habla en leyes. Pero el derecho no es una emanación de la idea de la justicia, no es una ciencia normativa, sino una relación social más, que depende estrechamente de los intereses económicos, políticos e ideológicos ocultos en su nombre. Basta volver a escuchar el debate parlamentario para ver qué intereses representan los legisladores. En el caso de la devaluación o el alza de la gasolina y el diésel son los exportadores y empresarios los que claman por esas medidas, ellos y sus intelectuales orgánicos, aunque se cuiden mucho de decirlo en sus programas de gobierno, pero no representan al movimiento popular, pendiente de esa redistribución del ingreso que los primeros abominan.