Los acontecimiento suscitados alrededor del proceso censal de los últimos días, con pronunciamientos de personeros del Gobierno Central y miembros del comité interinstitucional encargado de impulsar el censo para el próximo año, abren la invitación para la reflexión y análisis sobre el particular.

El Gobierno, por una parte, ha ido mostrado una serie de avances tendientes a garantizar la celebración del censo para la gestión 2024 luego de haber tenido que postergar esta encuesta por una serie de factores de orden técnico y logístico que impidieron su verificación conforme la programación inicial.

Ante esto, y en reacción al aplazamiento de este proceso, la ciudadanía cruceña ha celebrado un cabildo donde se ha concluido la exigencia de la encuesta nacional; sin embargo, los promotores de la deliberación popular, presentaron una propuesta de censo adelantado que presenta fuertes cuestionamientos de orden técnico; lo que fue reconocido así por sus propios autores, en cuanto a que el sustento técnico de la propuesta fue presentado en un ajustado resumen ejecutivo. Junto a eso, se registra una serie de respuestas al Gobierno que niegan el diálogo con el argumento que el cabildo habría decidido una posición sin retorno, dejando de lado el análisis de su propia propuesta.

De esto último, resulta preocupante que no se exponga el sustento técnico de una propuesta calificada por el Gobierno como insuficiente, y ante la negativa al debate aparenta ser improvisada; más preocupante aún, es el hecho de que se presente como respuesta una posición intransigente que coloca “ultimatums” y niega cualquier debate para poder ajustar y acercar las posiciones tanto del Gobierno como del comité impulsor del censo adelantado. Junto a esto, no debe perderse de vista que una de las partes se encuentra mostrando señales inequívocas de flexibilización, en aras de lograr un consenso.

La importancia del censo es innegable; sin embargo, garantizar la calidad de los resultados de este, es también crucial como instrumento de la planificación del desarrollo del país. En este sentido, se encuentran enunciados erráticos que argumentan, por un lado, que censos anteriores tomaron menos tiempo que el propuesto desde Instituto Nacional de Estadística; sin embargo, también acusan que los resultados obtenidos no lograron el alcance que se esperaba para el propósito; y que, además, los ajustes a esos resultados alcanzados de manera apresurada llevaron años.

Del mismo modo, se argumentan cuestionamientos con relación a tiempos excesivos en las etapas censales, pero no se exponen las propuestas técnicas para optimizar esos tiempos, lo que en su caso debería ser el objeto del debate ofrecido por el Gobierno para lograr las fechas definitivas de manera técnica, prescindiendo del componente político y de esa manera también satisfacer la exigencia del cabildo cruceño como legítimo instrumento democrático de deliberación.

En síntesis, resulta necesaria la apertura de la propuesta de censo adelantado al debate y al cuestionamiento técnico y científico para la adopción de una fecha definitiva que garantice un censo de calidad, pero que a su vez sea el resultado de un diálogo abierto.

FORO

Rafael Villarroel
Analista
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