Las reuniones constantes del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), en cuyo seno se adoptan las medidas de restricción social contra la pandemia en el ámbito del departamento, han acaparado la atención de la opinión pública cochabambina en el último tiempo. En líneas generales, parecen ser mayoritarias las voces contrarias tanto a la forma de conducción del debate como al contenido de las decisiones de dicho espacio interinstitucional, por lo que parecería importante problematizar algunas de las “tendencias discursivas” que se han ido construyendo en la esfera de esta “opinión colectiva” en las pasadas semanas.
En primera instancia, debe quedar establecido que, dentro de las condiciones de la política boliviana, cualquier sector que se autodenomine “pueblo” debe resultarnos sospechoso. Mucho más si, como típicamente sucede, este sector “popular” se opone a supuestos “anti-pueblos” que pueden adquirir las más diversas y variables caretas. Un maniqueísmo tal es el síntoma de una vinculación tendenciosa con los fenómenos de la realidad, con la consiguiente simplificación grosera de la comprensión social que brota de dicha condición. Ahora bien, este es precisamente el movimiento que parece haber seguido la opinión pública de nuestra ciudad, que considera que las disidencias en el COED se asientan sobre la oposición entre “el pueblo” y un sector transportista-comerciante-empresarial aparentemente viciado de codicia y de falta de respeto por “la vida”.
Tal simplificación es distorsionadora no solo por el hecho de que el segundo sector mencionado representa una parte del “pueblo”, sino también porque, tras ella, se esconde la realidad de que un grupo numéricamente decisivo de la población no asalariada no se halla conforme con las cuarentenas rígidas como medida de contención de la pandemia. En un país en que la mayoría de la población pobre y no-pobre se halla vinculada a la economía informal queda claro que la postura transportista-comerciante no es sino vocera de un grupo mucho más amplio que merece ser escuchado. Por otro lado, la opinión pro-cuarentena es más bien identificable con un sector importante de la clase media, principalmente asalariada, que cuenta con ciertas posibilidades para afrontar con mediana calma tales medidas y cuya visión también merece ser representada. De cualquier forma, no se trata de una oposición entre pueblo y anti-pueblo sino entre dos fracciones de la sociedad civil con condiciones e intereses diferenciados.
En segundo lugar, hay en el discurso de la opinión pública una preocupante tendencia a caricaturizar los “objetos” del problema sanitario. Así, se habla de la defensa de “la vida” o de “la salud” como si de arquetipos platónicos flotantes en el cielo se tratase. Esto ha llegado a reforzar la extraña interpretación colectiva que opone economía y salud. Así, se acusa a “algunos” de hacer primar la economía o los intereses económicos por sobre “la vida” o “la salud” del “pueblo”. Debe quedar claro, en este sentido, que “la vida” o “la salud” colectiva, tal como se entienden en el mundo contemporáneo, no son valores absolutos cuyo contenido no haya cambiado en la historia (y que broten como una suerte de “regalo” de la mano de Dios). De hecho, el concepto de la salud, de la dignidad sanitaria y del valor de cada vida individual en nuestro tiempo está profundamente ligado a la forma en que la economía ha permitido desarrollar y extender un sistema de generación y distribución de recursos que permite la planificación gubernamental en materia de salud y derechos sociales. En síntesis, no solo la economía no es antípoda de la vida, sino que es su condición indispensable y toda forma de intervención estatal debe darse de modo en que los efectos sobre la economía no terminen generando más daño a la salud y a la vida colectiva que la propia pandemia.
Finalmente, es importante advertir y limitar un tercer elemento discursivo que se ha hecho evidente incluso en los actores gubernamentales. Se dice que toda decisión política sobre la pandemia debe basarse en el asesoramiento técnico, lo cual es incuestionable. Sin embargo, cuando se presenta este soporte “técnico” se lo reduce a los informes estadísticos de corte médico, prescindiendo en absoluto de cualquier asesoramiento en, por ejemplo, materia económica, dejando así en el aire cualquier reflexión sobre las posibles repercusiones de las medidas adoptadas precisamente para la salud inmediata de diversos sectores sociales necesitados de la ciudad. El fenómeno que todos nosotros vivimos como “pandemia” en los últimos años no es un “algo” únicamente médico, es más bien el entrecruzamiento entre condiciones médicas, económicas, políticas y sociales que repercuten de modo inmediato y directo sobre nuestra “vida”. Por supuesto que el elemento profesional médico es indispensable en este sentido, pero sus propios planteamientos deben ser complementados y asesorados por una serie de disciplinas accesorias que hagan que “el remedio no se peor que la enfermedad”.
En resumen, no creo que las abstracciones “pueblo”, “vida”, “salud” u “opinión profesional” estén siendo bien entendidas en el marco de la opinión pública cochabambina y mientras sean los elementos ordenadores del discurso estaremos en permanente riesgo de confrontación o, lo que es peor en este momento, de ineficiencia.

SIN ASIDEROS

OSCAR GRACIA LANDAETA
Filósofo
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