Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 10 de julio de 2020
  • Actualizado 12:34

Son la misma

El gobierno de Evo Morales desinstitucionalizó el Estado. Al desbaratar la independencia de poderes, elemento fundamental de las democracias modernas, Evo hizo lo que quiso con las instituciones democráticas, una de ellas el OEP.

No respetar el resultado del referéndum del 21F ha significado la burla más grande que un presidente pudo haber hecho al pueblo boliviano. A partir del desconocimiento de esa consulta ninguna institución es fiable, la palabra del Presidente no es creíble, los procedimientos legales son solo burocracia. Evo piensa que puede seguir mofándose de nuestra sociedad.

Por este motivo, la salida al conflicto que hoy atraviesa Bolivia no pasa por el camino institucional, por seguir una serie de procedimientos de los que el Estado es garante, ¡en absoluto! La salida, como lo fue en otros tiempos, pasa por la arena política, es decir, por un campo en el que las partes en conflicto miden sus fuerzas. Una lucha. Pero lucha que no necesariamente requiere de la violencia.

¿Quiénes son los contendientes? Por un lado, claro está, Evo Morales, su gobierno, y un sector (de porcentaje incierto) de la población que lo sigue y que ha votado por él. En la otra esquina, la gran mayoría del pueblo boliviano que ha votado el 21F y que el 20 O ha ratificado que no quiere que Morales continúe en la silla presidencial.

Institucionalmente Evo tiene todo a su favor. Es todavía presidente de la República y maneja a su antojo los poderes del Estado y sus instituciones. Es además comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía, por lo que puede utilizar en cualquier momento el uso constitucional de la fuerza. Políticamente, es hábil en el manejo de las manifestaciones callejeras, cuenta en su círculo con especialistas en el manejo de movimientos sociales, puede “utilizar” grupos de choque como lo ha estado haciendo en La Paz y en Cochabamba.

Se aferra al poder a pesar de que, como están las cosas, tendría un gobierno débil que podría caer en cualquier momento. Tal vez su interés inmediato es desempolvar por dentro la casa para salir “limpio” del país aunque con una larga cola de paja, como la del expresidente Correa del Ecuador, que en este momento es para la justicia de su país, un prófugo.

En la otra esquina está un pueblo, más del 50% de los bolivianos. Institucionalmente, aunque cuenta en sus filas con profesionales de excelencia en todos los ámbitos, no tiene nada que hacer. O tal vez sí. Si confía en aquella sabia frase de los auditores: “Ningún cocinero es perfecto”. Políticamente se ha organizado por medio de grupos dirigenciales denominados coordinadoras en cada región del país. Cuenta con el apoyo de instituciones civiles, de los empresarios privados y con un fuerte y organizado movimiento juvenil universitario que nos recuerda a aquellas poderosas juventudes de los años setenta.

Piden la anulación de las elecciones del 20 O, un nuevo proceso eleccionario con nuevo Tribunal Electoral. ¡Nada de auditoría ni de segunda vuelta! El proceso no es creíble. Detrás de este grupo está el candidato opositor Carlos Mesa, que es la imagen visible de un sector; también se encuentra el dirigente cívico cruceño “Macho” Camacho, que enarbola los intereses de esa región del país. Si estas dos personas se dividen puede ser fatal para el movimiento.

Más atrás aún, aunque quieren pasar desapercibidas, se encuentran las dos Bolivias, una indígena, chola y campesina que ha comenzado a tomar protagonismo político en el gobierno de Morales y otra, blanca y citadina, ambas todavía no terminan de enterarse que son la misma.