La pasada semana, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterrez, hizo un llamado a las naciones del mundo a un alto al fuego, solicitando detener las guerras y los conflictos armados en el mundo y concentrar esfuerzos en detener el avance del coronavirus. El 6 de abril, emitió una nueva declaración en relación a la violencia de género en el marco de la pandemia del COVID, reconociendo que muchas mujeres encuentran en sus hogares situaciones de riesgo e inseguridad, al verse encerradas con sus agresores.

Señala que los casos de violencia contra las mujeres han repuntado y que las llamadas por asistencia en algunos países se han duplicado. ¿Qué pasa en Bolivia, que es el país de Sudamérica con la tasa más alta de feminicidios por cada 100.000 habitantes? Los primeros días de cuarentena se presentaron 3 feminicidios, y entre el 21 de marzo y el 5 de abril se produjeron 346 casos. Recordemos que en Bolivia la violencia contra las mujeres es el delito más denunciado.

Las persistentes denuncias de que las líneas de apoyo a mujeres víctimas de violencia como el 800140348 no son atendidas, ha ameritado que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia -FELCV sancione a sus efectivos por no responder las llamadas y la necesidad de habilitar nuevas líneas de WhatsApp para denunciar y solicitar auxilio. Adicionalmente, la FELCV ha recibido donaciones de la cooperación internacional de insumos de bioseguridad para prevenir el contagio y acudir prontamente a las solicitudes de apoyo.

Según el Instituto de Investigaciones Forenses, los casos de violencia atendidos por esta instancia habrían disminuido en un 70% con relación al anterior mes; pero en realidad, lo que los datos muestran no es la disminución de situaciones de violencia, sino que las condiciones del confinamiento y la cuarentena están inhibiendo las posibilidades de denuncias de las víctimas de violencia y que las modalidades alternativas para responder a estas situaciones son insuficientes. Diversas organizaciones que trabajan en temas de derechos de las mujeres, han generado iniciativas virtuales para ofrecer servicios de atención, contención, apoyo psicológico y jurídico, para subsanar la insuficiente respuesta de las instancias llamadas por ley.

Guterrez en su llamado, instó a los gobiernos a incluir medidas de prevención y reparación en los planes nacionales de respuesta contra el COVID-19, incluyendo aumentar los servicios en línea, apoyar a las organizaciones de sociedad civil que realizan este trabajo; asegurar que el sistema de justicia sancione a los maltratadores; crear sistemas de alerta en farmacias y supermercados, declarar los centros de acogida como servicios esenciales y encontrar formas seguras para que las mujeres denuncien, sin alertar a sus agresores.