Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 18 de septiembre de 2020
  • Actualizado 13:51

Policía re-victimizante

Policía re-victimizante

Nunca parecen suficientes los esfuerzos que las organizaciones que promueven y defienden los derechos de las mujeres hacen para lograr llamar la atención de autoridades y tomadores de decisión, sensibilizarlos sobre problemáticas como la violencia hacia las mujeres, para hacer cumplir las leyes y asegurar medidas que las protejan. Se espera, actitudes más sensibles y comprometidas de funcionarios que se enfrentan cotidianamente con estas situaciones. Recordemos que el Ministerio de Gobierno reportó que el delito más denunciado en el país es la violencia contra las mujeres, lo que ha ubicado a Bolivia encabezando las listas de los países con las tasas de feminicidio y violencia sexual más altas de América Latina.

Por eso no deja de producir sorpresa y profunda indignación las declaraciones vertidas por el comandante de frontera policial de Bermejo, Aníbal Rivas Guzmán, poniendo en duda la denuncia y cuestionando que la víctima de una agresión sexual no se hubiera defendido. En términos concretos, las expresiones de la autoridad ponen en evidencia el desconocimiento de la violencia contra las mujeres y el contexto en que se produce, y particularmente las agresiones sexuales que se produce en el marco del ejercicio de poder y uso de la fuerza u otros elementos.

Sus expresiones expresan los prejuicios que justamente se buscan combatir en la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas. Nuevamente se transfiere la responsabilidad de la agresión a las víctimas y se emite un mensaje negativo que podría tener como efecto que las víctimas se desanimen de denunciar por temor a ser previamente juzgadas por las autoridades policiales que se supone deben protegerlas e investigar los casos. Sus declaraciones, además adolecen de falta de sensibilidad y empatía con las víctimas de hechos tan violentos como las agresiones sexuales. Peca también de desconocer la normativa vigente, en especial ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que prohíbe acciones revictimizantes y que define la violencia institucional a cualquier acción de servidores públicos que impliquen acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido. Del caso sale con claridad la necesidad de sancionar al funcionario y redoblar los esfuerzos para lograr una policía más sensible.

 

 

 

MÓNICA NOVILLO G.

Feminista y comunicadora social

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