Sí, una vez más Marín Sandoval. El tristemente célebre exasambleísta departamental de La Paz que nuevamente intenta reincorporarse a la Asamblea Departamental, cuando apenas faltan unas semanas para que se produzca el cambio de autoridades de los gobiernos municipales y departamentales, una vez concluyan las elecciones del 7 de marzo.

Sandoval, en diciembre de 2015, protagonizó un hecho de violencia e intento de feminicidio contra su pareja, siendo suspendido de sus funciones sin goce de haberes y destituido del cargo de presidente de la Asamblea Departamental. Estuvo en la cárcel hasta ser liberado por una resolución de conciliación entre partes.  En repetidas intervenciones asumió haber cometido las graves agresiones y pidió disculpas públicas.

En varias oportunidades, intentó regresar a sus funciones como si nada hubiera pasado, sin embargo, sus pretensiones fueron frenadas por las oportunas reacciones de asambleístas departamentales y la movilización de organizaciones de mujeres. Este personaje ha sido también denunciado por acoso político, en los últimos días por la asambleísta que lo sustituyó, por estar recibiendo presiones para que renuncie al cargo.

Como este, podemos encontrar casos en diferentes espacios de decisión pública, concejales, diputados, senadores y otras autoridades y actores políticos denunciados por violencia, que no dudan al plantear que estas situaciones son temas privados y que han acudido al recurso de la conciliación para librarse de responsabilidad, convencer a sus parejas para que retiren las denuncias para limpiar su imagen. Se conocen las múltiples formas de presión, amenazas, hostigamiento que utilizan los agresores para influir en sus víctimas y hacerlas desistir, de manera que no se registre en el Registro Judicial de Antecedentes Penales – REJAP.

Y aunque en general el rol que juegan las asambleas departamentales en el desarrollo de los departamentos es desconocido para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas del país y, en muchos casos, tampoco se conoce a quienes las conforman, las elecciones subnacionales 2021 son una oportunidad para repensar qué tipo de autoridades buscamos, porque quienes sean electos deberán asegurar políticas departamentales para frenar las  cifras de violencia contra las mujeres y que ubican a La Paz como el departamento con mayor número de feminicidios en 2020.

Aun así, no deja de sorprender cómo las organizaciones políticas pretenden instrumentalizar el tema de la violencia cuando quienes la ejercen son sus adversarios políticos y prefieren mirar a un lado, cuando los agresores son sus propios militantes. Es fundamental exigir a nuestras autoridades congruencia entre sus discursos y sus prácticas, la violencia es un asunto público.

DESDE EL CUARTO PROPIO

MÓNICA NOVILLO G.

Feminista y comunicadora social

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