El Salvador está entre los países que tienen las leyes más rígidas en relación a aborto del mundo, ubicándose en la denominada “lista de la vergüenza”, por prohibir totalmente el aborto, junto con Haití, Nicaragua, Honduras y Surinam en América Latina y el Caribe, e incluso criminalizar a mujeres que vivieron una emergencia obstétrica como en el caso de Manuela.

En 2008, cuando tenía 33 años, ella sufrió una caída que le provocó un sagrado y posteriormente un desmayo. Ella estaba embarazada; pero no lo sabía. Cuando despertó, se encontraba esposada a la cama de un hospital, pues el personal de salud la había denunciado de haberse provocado un aborto. Fue interrogada sin abogado, mientras estaba convaleciente y antes de ser dada de alta. La trasladaron a la cárcel para cumplir con detención preventiva. Fue sentenciada a 30 años por homicidio agravado. Nunca tuvo oportunidad de despedirse de sus hijos, a los que nunca más vio.

Un año después le diagnosticaron cáncer linfático, no recibió tratamiento para la enfermedad, deteriorándose su salud y provocándole la muerte en 2010.

Como Manuela, más de 181 mujeres han sido encarceladas por abortos espontáneos entre 2000 y 2019 en El Salvador, donde el aborto no es permitido en ninguna circunstancia, ni en casos de violación, ni cuando peligra la salud o vida de la mujer; las mujeres que han perdido un embarazo son sospechosas de homicidio si la gestación supera las 22 semanas, pudiendo enfrentar penas entre 30 y 40 años.

El caso de Manuela ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impulsado por organizaciones feministas que confían que un fallo favorable genere estándares internacionales para acabar con la criminalización del aborto, la persecución y el estigma contra las mujeres, adolescentes y niñas que viven un aborto en diferentes circunstancias.

Los recientes cambios en la legislación de Chile y Argentina hacia el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres, muestra una tendencia hacia mayor cantidad de países que abren su legislación; pero, al mismo tiempo, ha provocado que sectores antiderechos pretendan promover medidas legislativas que restrinjan aún más las libertades y derechos de las mujeres, para no permitir cambios en la legislación, en relación al derecho al aborto, como ha sucedido en Honduras. El movimiento feminista latinoamericano espera una nueva señal de avance de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos.

DESDE EL CUARTO PROPIO

MÓNICA NOVILLO G.

Feminista y comunicadora social

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