Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 11 de diciembre de 2019
  • Actualizado 16:04

La “manada” y la justicia

La “manada” y la justicia

Ha pasado casi un año desde que se conociera el caso de la “manada boliviana”, como fue nombrado por los medios de comunicación de nuestro país, una violación grupal, haciendo clara referencia a la similitud con el conocido caso de la Manada en España. En el caso boliviano, la víctima, una adolescente de 18 años que fue drogada, vejada y violada por un grupo de cuatro “amigos” de infancia en un motel, donde sufrió además una convulsión por la que un empleado del local ayudó a llevarla a un centro de salud.

Desde que se inició el proceso han sido recurrentes las denuncias de hostigamiento, amenazas y amedrentamiento de parte de la defensa y entorno familiar de los acusados contra la víctima y sus familiares, para que desistan de su esfuerzo por lograr justicia.

Al mismo tiempo, se presentan situaciones de amenazas, persecución y amedrentamiento de defensoras de los derechos de las mujeres, abogadas y activistas vinculadas a instituciones de amplia trayectoria que efectúan seguimiento al caso de la manada.

La pasada semana, los medios de comunicación social dieron a conocer que la fiscal Nancy Carrasco, quien sigue el caso desde su inicio, presentó una acción de libertad contra el actual ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano Atalá, vinculado previamente en la defensa de los acusados, por injerencia en el caso y contra la exjueza Iris Justiniano, por amenazas de muerte vertidas contra su persona. 

Ayer, la Fiscal no se presentó a una de las audiencias de cesación a la detención preventiva de uno de los acusados y se conoce que fue apartada del caso sin explicación alguna. 

Se conoce que el sistema judicial es uno de los ámbitos del Estado con mayor descrédito, la ciudadanía no tiene confianza en sus instituciones, un espacio corrupto donde se produce gran cantidad de irregularidades. La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres que llegan a los estrados judiciales, particularmente los de violencia sexual, no logran acceder a la justicia y engrosan la cantidad de casos que quedan en la impunidad. 

La reforma del sistema de justicia es la gran tarea pendiente para asegurar a los y las ciudadanos el derecho al acceso a la justicia, evitar la impunidad y la persecución de las defensoras de derechos humanos.