Interrupción legal del embarazo
En nuestro país las desigualdades campean, más si nos referimos a los derechos sexuales y derechos reproductivos, autonomía de las mujeres y su derecho a decidir sobre un embarazo. Un reciente reporte del Ministerio de Salud da cuenta de que cada día se producen un promedio de 90 embarazos de niñas y adolescentes y 4 entre niñas menores de 15 años. Solo entre enero y julio de este año, se habrían embarazado más de 19 mil niñas y adolescentes, la mayoría producto de violación. Bolivia se encuentra entre los países con los índices más altos de violencia sexual de la región.
En Bolivia, el aborto está permitido en los casos de violación y de riesgo de la vida y la salud de las mujeres, sin embargo, un informe de la Defensoría del Pueblo concluye que a pesar de que una sentencia constitucional eliminó el requisito de presentar autorización judicial para proceder con la interrupción legal del embarazo (ILE), persisten prejuicios y desconocimiento de la norma entre los funcionarios de los centros médicos, que obstaculizan el ejercicio de este derecho por parte de las mujeres, niñas y adolescentes.
El reporte señala también que tanto el Órgano Ejecutivo como el Legislativo no han cumplido con sus tareas, para asegurar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para disminuir las tasas de mortalidad de mujeres por causa de abortos inseguros, que ubican a Bolivia entre los primeros países con las tasas más altas de América Latina.
El informe defensorial nos recuerda que forzar a niñas, adolescentes y mujeres a llevar adelante un embarazo, especialmente en casos de violencia sexual o cuando la vida o salud de la mujer se encuentra en riesgo, es considerado tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
Para el Estado Boliviano, ha sido más cómodo mirar en otra dirección que enfrentar esta problemática, fallando como garante de derechos, por no asegurar el cumplimiento de la normativa existente. Este 28 de septiembre, por la despenalización del aborto, nos proponemos alzar la voz, hasta que todas las mujeres sepan que, en caso de violación o riesgo para su vida y su salud, pueden acceder a una interrupción legal de embarazo, en condiciones seguras, en un centro público de salud y sin miedo a ir a la cárcel, solo presentando la denuncia de la agresión ante la Policía o el certificado médico que acredite la necesidad. Pase la voz, porque no queremos más muertas, ni presas por aborto clandestino e inseguro, ni queremos niñas obligadas a parir.
MÓNICA NOVILLO G.
Feminista y comunicadora social