Son indudables los esfuerzos que han realizado los movimientos de mujeres y feministas para lograr la paridad y avanzar hacia la democracia paritaria, como tampoco se pueden negar todos los intentos que se han efectuado por parte de las organizaciones políticas para eludir el cumplimiento de las normas electorales, particularmente el de la paridad. 

Es de conocimiento público que uno de los obstáculos fundamentales para la participación plena de las mujeres en los espacios de decisión es el acoso y la violencia política. Se ha difundido ampliamente que, en 2018, se produjeron más de 80 renuncias de autoridades subnacionales, la gran mayoría de ellas mujeres, en el marco de los “acuerdos” de gestión compartida. La denominada gestión compartida, se establece mediante acuerdos, en los que las postulantes aceptan ceder su puesto como autoridades electas a media gestión, para habilitar a sus suplentes. Para ello, se recurre a documentos en blanco, contratos de deuda, cartas de renuncia sin fecha, presión u hostigamiento mediante terceros, organizaciones sociales y otros mecanismos, varios de ellos violentos, para lograr que las mujeres renuncien.

En ese marco, sorprende que se pretenda regular esta figura, a través de un proyecto de ley que busca “ejercer la alternancia de mandato entre las autoridades municipales y departamentales titulares y suplentes”, planteando el periodo de mandato de dos años y medio para los cargos titulares y luego, dos años y medio para los suplentes. Se advierte que esta propuesta vulnera la Constitución Política del Estado que establece un mandato de 5 años para las autoridades electas, viola los derechos políticos de las autoridades electas, por ese periodo, y conspira contra la eficiencia de la gestión pública, pues tendríamos autoridades que cambian cada dos años y medio, cortando la posibilidad de tener gestiones eficientes. Debemos recordar que mostrar impacto en la gestión fue el argumento central para que en la constituyente se cambiara el período de mandato de 4 a 5 años.

La figura de la gestión compartida ha sido utilizada para ejercer acoso y violencia política contra las mujeres, forzándolas a acortar su mandato, el inconstitucional proyecto de ley es un nuevo intento de restringir los derechos políticos, particularmente de las mujeres. Las organizaciones de mujeres se han manifestado contra el proyecto de ley, por considerarlo poco antidemocrático, inconstitucional y un grave retroceso en los derechos civiles y políticos de las mujeres bolivianas. 

DESDE EL CUARTO PROPIO

MÓNICA NOVILLO G.

Feminista y comunicadora social

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