Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 19 de abril de 2024
  • Actualizado 13:26

Esther

Como a muchas personas, una extraña mezcla de sentimientos, entre dolor, rabia e indignación, poco difícil de describir, me invadió cuando conocí el caso de Esther, la niña de 9 años, secuestrada de su domicilio mientras cuidaba de sus hermanos menores y su madre salía a trabajar para asegurar el sustento familiar.

El caso de Esther engrosa las cifras de feminicidios, 60 en lo que va del año, pero también nos ubica ante la realidad de la violencia sexual contra mujeres y niñas en nuestro país, que muchos se niegan a ver y la política pública se resiste a enfrentar. Nos muestra la forma cómo nuestra sociedad valora la vida de las mujeres y las niñas, tomadas como objetos de uso y desecho, lanzadas en una acera, tal como se hace con la basura.

Solo en 2019, se registraron 6.291 denuncias por delitos contra la libertad sexual a nivel nacional: cerca de 1300 casos de violación contra infantes, niños, niñas y adolescentes, 1877 casos de abuso sexual; 1051 casos de estupro, además de 1815 casos de violación de mujeres adultas. Esto quiere decir que se produjeron 17 delitos de orden sexual cada día en Bolivia. En los 71 días de cuarentena rígida por COVID19, se produjeron 495 de estos delitos, haciendo un promedio de 7 diarios, mientras se cumplía el mandato de quedarse en casa. Se estima un alto porcentaje de subregistro, las familias prefieren no denunciar, pues muchos perpetradores pertenecen al entorno familiar.

La declaratoria del 2020 como el año de lucha contra el feminicidio y el infanticidio, no ha pasado de ser retórica, y no se ha visto ningún avance, ni siquiera para asegurar la atención de casos de violencia en tiempo de cuarentena, cuando las medidas obligaron a las mujeres a permanecer confinadas, en muchos casos, con sus agresores. La violencia contra las mujeres, niñas y niños, no puede seguir siendo usado como herramienta de campaña política, o mencionado solo cada 8 de marzo, 11 de octubre o 25 de noviembre. Se requiere de genuina voluntad política para impulsar los cambios necesarios para enfrentar radicalmente la visión de desigualdad de género y sus consecuencias en las vidas de mujeres y niñas. Debemos asegurar justicia para las víctimas y sus familiares y trabajar en prevención para poder prometer a nuestras niñas y mujeres que no permitiremos como sociedad que sean violentadas, violadas y asesinadas.

MÓNICA NOVILLO G.

Feminista y comunicadora social

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