Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 14 de abril de 2021
  • Actualizado 18:54

El Estado le falló a Brisa

El Estado le falló a Brisa

Una feliz coincidencia fue recibir la nota de difusión de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de referir el caso de Brisa De Angulo contra el Estado Plurinacional de Bolivia a la Corte Interamericana, el mismo fin de semana en que se celebra el Día de Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes (9 de agosto). Fue precisamente este caso, y las múltiples situaciones de violación de sus derechos los que impulsaron a Brisa y su familia a promover acciones para lograr que se instaurara esa fecha y se visibilizaran las sistemáticas situaciones de discriminación que viven niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que deciden romper el silencio y denunciar.

No se trata de un caso aislado, la Fiscalía General del Estado registró durante el periodo de la cuarentena por COVID-19 (del 22 de marzo al 02 de agosto) un total de 8.133 casos de delitos contra mujeres, niños, niñas, infantes y adolescentes, de los cuales 352 corresponden a delitos de violación de infante, niña, niño y adolescente; 453 a abuso sexual, 253 a estupro, 369 a violación y 6.540 a violencia familiar o doméstica, entre otros delitos. Estos datos no consideran el subregistro de víctimas que callan y no denuncian.

Después de casi dos décadas de búsqueda de justicia, habiendo llevado su caso a la Comisión Interamericana, el Estado boliviano debe responder por el incumplimiento de su deber de asegurar el acceso a la justicia y eliminar leyes discriminatorias en casos de violencia sexual en adolescentes, creando un gran precedente en toda la región. 

Con un fallo positivo de la Corte, Bolivia debería asumir medidas de reparación para Brisa; medidas para el cumplimiento del proceso judicial a nivel nacional y medidas de no repetición, particularmente en casos de violencia sexual de niños, niñas y adolescentes.

Adicionalmente se busca impulsar reformas en el sistema penal y el judicial, mejorar los servicios de atención a víctimas de violencia sexual, asegurar la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra adolescentes, reconociendo las características particulares de estas situaciones, que en muchos casos salen a luz y se denuncian muchos años después, o que involucran a integrantes del entorno familiar como agresores. Para Brisa, que ninguna víctima pase por lo mismo que pasó ella, será la forma de encontrar satisfacción ante las fallas del Estado.

DESDE EL CUARTO PROPIO

MÓNICA NOVILLO G.

Feminista y comunicadora social

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