Comienzo el año, con la cifra con la que terminamos el 2019, 118 feminicidios. Con este dato, la cifra de feminicidios registrados en Bolivia asciende a 753, desde la promulgación de la Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley 348).  

Estamos viviendo una escalada de feminicidios en el país, y el incremento no es solo en número, sino también en crueldad. Se estima que cada dos días y medio se produce un feminicidio, sin embargo, en los primeros días de enero, ese número ha sido superado, y se ha producido en promedio, uno cada día. La Fiscalía General del Estado ha registrado, solo en casos atendidos por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) 12 feminicidios, 685 hechos de violencia física, 163 casos de delitos sexuales y 5 infanticidios, lo que da cuenta del progresivo incremento en relación a gestiones pasadas.

Diversas instituciones, organizaciones y colectivos de mujeres y feministas han lanzado un pronunciamiento con el fin de visibilizar las múltiples formas de violencia contra las mujeres y, particularmente, del feminicidio; pero fundamentalmente para exigir al Estado acciones concretas, políticas públicas efectivas y sostenibles frente a la gravedad y magnitud que está cobrando en el país.

Se hace una convocatoria pública a que todos los actores sociales e institucionales se comprometan genuinamente con la lucha contra la violencia contra niñas y mujeres. Se pone énfasis en la necesidad de que los medios de comunicación y el sistema educativo, en el ámbito de la prevención, encaren la tarea de transformar los imaginarios que refuerzan y reproducen la violencia.

La violencia es una problemática de carácter estructural, que requiere de intervenciones integrales y la suma de voluntades para coordinar acciones, con asignaciones presupuestarias suficientes y medidas adecuadas para transformar la base simbólica que la sustenta. Se demanda con claridad que en el marco de una estrategia nacional se efectivicen las políticas públicas y la abundante normativa vigente, para asegurar a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia. Ninguna declaratoria pasará de ser simbólica si no se fortalece la institucionalidad de género y se aseguran recursos y presupuestos suficientes. La violencia debe dejar de ser una muletilla demagógica.