La educación es un derecho
Entre las primeras medidas adoptadas por los gobiernos para evitar la propagación de la COVID-19 estuvo el cierre de los centros educativos y la suspensión de clases presenciales, con grandes perjuicios como la profundización del rezago escolar, la sobrecarga de trabajo de cuidado para las mujeres y las dificultades para cumplir con el trabajo fuera del hogar, entre otras. Posteriormente, las medidas más severas como la cuarentena rígida acentuaron los crónicos problemas del sistema educativo.
Poco a poco y con esfuerzos de las familias, unidades educativas privadas, públicas y de convenio, retomaron las actividades escolares, adecuándose a las nuevas condiciones de la cuarentena, usando plataformas digitales, pero enfrentando problemas como el acceso a dispositivos (teléfonos, computadoras o tablets) e internet, servicio con el que la mayoría de los hogares no cuenta y que se convirtieron en condiciones para el ejercicio del derecho a la educación, revelándose las brechas de desigualdad.
Aunque el gobierno anunció que se estaban realizando esfuerzos para impulsar otras modalidades educativas, además de la presencial, la repentina clausura del año escolar no dejó de ser una sorpresa, primero por ser una medida radical que violenta el derecho a la educación reconocido en la Constitución (Art. 17), y que el Estado como garante debe asegurar.
El rechazo a la medida no se ha dejado esperar, denunciando la incapacidad en la gestión de la problemática educativa, en general, los conflictos históricos con el magisterio y otros actores del sistema educativo, además de la improvisación en la respuesta a los problemas desencadenados por la pandemia.
La decisión tendrá una larga cadena de efectos: profundización de las brechas de desigualdad social, de género, étnicas, entre áreas rural y urbana, entre regiones, siendo las personas de grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, pueblos indígenas y personas con discapacidad, las más perjudicadas; crecimiento del rezago educativo y deserción escolar, y el riesgoso avance de la tendencia de privatización de la educación.
La educación es una herramienta necesaria para fortalecer y asegurar el desarrollo de los pueblos, y medidas como la asumida contribuyen a que se vaya transformando de un derecho a un privilegio que solo unos pocos pueden gozar. “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”, lo manda la Constitución.
MÓNICA NOVILLO G.
Feminista y comunicadora social