Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 16:35

Derechos sexuales y reproductivos en cuarentena

Derechos sexuales y reproductivos en cuarentena

La emergencia por COVID-19 y las medidas asumidas por los gobiernos nacional y subnacionales para prevenir su propagación, se han concentrado en la atención sanitaria para atender la pandemia, dejando de lado otros servicios de salud, también esenciales, como los de salud sexual y reproductiva. Aunque anteriormente tampoco fueron priorizados, está claro que, en tiempos de pandemia, los derechos sexuales y derechos reproductivos fueron puestos en cuarentena, o a los últimos puestos de la lista de prioridades de las autoridades de salud.

En los centros de salud se ha dado mayor importancia a responder a la COVID-19, disminuyendo los recursos humanos orientados a la salud materna y descuidando la provisión de insumos de bioseguridad, para conservar su salud y la de las pacientes. De igual manera, la medida del confinamiento ha tenido impacto en la reducción de demanda de los servicios, ligada a restricciones de movilización y sumada a mayores riesgos de contagio al visitar un centro de salud y el miedo de las mujeres al contagio durante el embarazo. Se observa que la medida de aislamiento social ha limitado las consultas gineco – obstétricas, incrementando los riesgos sobre la salud materna y neonatal en el período de gestación, en un país que sabemos continúa teniendo índices elevados de mortalidad materna.

Otros servicios, como el acceso a la anticoncepción, presentan riesgos de retrocesos en el acceso para mujeres durante el período de cuarentena. Preocupa también la discontinuidad en la dotación de anticoncepción de emergencia ante el incremento de denuncias de violencia sexual registradas desde el inicio de la cuarentena y la provisión de servicios de interrupción legal de embarazos (en los casos previstos por ley) que se hubieran producido por violación en este mismo tiempo.

Este tema ha sido objeto de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los Estados, en sentido de asegurar disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la educación sexual integral.

Como ha ocurrido con otros temas, la crisis de COVID-19 resalta la poca importancia que los derechos de las mujeres reciben en el marco de las políticas públicas, las debilidades en las respuestas institucionales de parte del Estado y las deudas que no se saldan y quedan pendientes.

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