Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 21 de septiembre de 2021
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El derecho a vivir libre de violencia

El derecho a vivir libre de violencia

Parece difícil creer que solo hace un poco más de tres décadas, en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993, se reconoció que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la violencia contra ellas es una violación de los derechos humanos. Con el impulso de ese evento, el mismo año se dio un paso importante al lograr que la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer se definiera la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. 

Estos avances han estado enmarcados en un conjunto de debates entre activistas de derechos humanos, que no veían necesario un reconocimiento específico de los derechos de las mujeres y otros que dudaban si un hecho de violencia que sucedía en el ámbito privado, podía ser considerada una violación de derechos humanos, bajo una visión - un tanto dogmática - que considera que solo se violentan los derechos humanos desde el Estado. 

En nuestra región el reconocimiento de la violencia se dio en el marco de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida también como Belém do Pará, en 1994, convirtiéndose en el primer tratado internacional del mundo sobre Derechos Humanos que abordó la violencia contra las mujeres de manera específica y que reconoció el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito privado y público.

En Bolivia, la ley 1674 en 1995 fue la ley pionera que permitió reconocer la violencia como un asunto de interés público y el rol del Estado para su abordaje y tratamiento. No es hasta la promulgación de la Constitución Política del Estado, en 2009, que se logró el reconocimiento de este derecho de las personas y en especial de las mujeres y que luego se incluye en la Ley 348, la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Las altas tasas de violencia contra las mujeres en nuestro país y la falta de respuestas integrales a esta problemática estructural nos muestra que, a pesar del reconocimiento formal, queda mucho camino para que podamos vivir libres de violencia.

DESDE EL CUARTO PROPIO

MÓNICA NOVILLO G.

Feminista y comunicadora social

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