Un reciente documento de OXFAM en relación al COVID-19 nos recuerda que, a pesar de la reducción importante de la pobreza en Bolivia, todavía existen 3.9 millones de personas que viven en situación de pobreza, de las que 1.7 millones no logra cubrir ni siquiera el costo de una canasta básica alimentaria, cuyo valor se estima en 324 y 413 bolivianos per cápita en áreas rurales y urbanas, respectivamente. De ahí que se haya hecho necesario acompañar las medidas preventivas contra el coronavirus, como el aislamiento social, el confinamiento y las restricciones para circular, con la distribución de bonos que ayuden a mitigar las dificultades de las familias para asegurar su subsistencia. La gran mayoría de la población del país trabaja en el sector informal de la economía y vive de los recursos que genera en el día.

Reconociendo que muchas familias igualmente quedarán al margen de la recepción de los bonos (por falta de documentación u otros factores estructurales), instituciones, organizaciones, colectivos han organizado colectas solidarias, y los municipios han desplegado esfuerzos para identificar a las familias más pobres y que podrían ser más vulnerables para dotarles de canastas básicas de alimentación.

En este contexto, la presidenta Áñez emitió un mensaje convocando a la población a orar y guardar ayuno. (Guardo la oración para la próxima columna). Las reacciones no se dejaron esperar: columnas de opinión, posteos en redes sociales y otras manifestaciones de indignación, de personas que consideran que se trata de un mensaje que expresa el desconocimiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población y una burla de los enormes esfuerzos que están realizando para cumplir con las medidas de la cuarentena forzada y asegurar el sustento familiar.

La CEPAL ha anunciado en un nuevo informe que los impactos económicos del COVID-19 podrían hacer retroceder a la región a niveles de pobreza de 2006, lo que significaría incremento de 28.7 millones de personas y 16 millones de personas en extrema pobreza, lo que se traducirá en protestas sociales, como ya está ocurriendo en varios países.

En situaciones de crisis pasadas, las mujeres jugaron un rol fundamental para amortiguar los impactos de la pobreza y el hambre, lo que también se tradujo en deterioro de las posibilidades de ellas para ejercer sus derechos. De ahí la fundamental necesidad de incluir la perspectiva de género en las propuestas de respuestas a las crisis, en esta que es sanitaria y que dejará fuertes golpes en el ámbito económico.