La impunidad de la que gozan los agresores, es uno de los rasgos que se ha buscado remediar en la implementación de la Ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en un contexto en el que la violencia contra las mujeres es el delito más denunciado en el país, que ocupa los primeros puestos de tasas de feminicidio y violencia sexual en América Latina y donde solo 2% de los procesos concluyeron con una sentencia después de un juicio oral.

De ahí que la Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, hubiera generado alta expectativa porque prometía acortar los procesos, que sabemos suelen ser largos y costosos y no aseguran el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares.

Diversas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han demandado una evaluación de la aplicación de la norma para impulsar cambios, alertando que en muchos casos habría sido distorsionada, aplicando de manera contradictoria las medidas cautelares y dando pie a la liberación de imputados por delitos de feminicidio, violencia contra las mujeres y violencia sexual, sin asegurar protección a las víctimas.

Esta semana se conoció que la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados trata el proyecto de Ley 553, de modificaciones a la ley 1173, con tres artículos: uno referido al objeto; el segundo referido a aspectos procedimentales que no resuelven las observaciones de fondo a la norma; y el tercero, más preocupante, que pretende generar un mecanismo de impunidad para agresores, feminicidas y violadores, amparados bajo una figura distorsionada del fuero sindical, cuyo fin es proteger a dirigentes de represalias en su labor de defensa de derechos laborales.

Las organizaciones feministas han expresado públicamente su rechazo a la norma, observando que vulnera la Constitución Política del Estado y convenios internacionales; desnaturaliza el fuero sindical e institucionaliza la impunidad. Reducir la retardación de justicia, no pasa solo por acortar los plazos procesales, sino que se requiere una gestión adecuada, asignación presupuestaria suficiente, fortalecimiento de capacidades de y funcionarios de todos los servicios e instancias llamadas por ley, entre otras propuestas de cambios estructurales planteados por las organizaciones de sociedad civil en la Cumbre de Justicia.

MÓNICA NOVILLO G.

Feminista y comunicadora social

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