Aunque no se ha comenzado formalmente el periodo de campaña electoral, el inicio del proceso electoral 2020 da indicios suficientes de que algunos comportamientos de la anterior elección se repetirán o que podrían empeorar. Uno de ellos es el uso y abuso de elementos religiosos con fines proselitistas, del que las redes sociales y los medios de comunicación han estado dando cuenta, que viola el principio de laicidad del Estado y su independencia de la región de nuestra Constitución (Art. 4).

Prácticas como alianzas entre organizaciones políticas y determinadas iglesias evangélicas, desconociendo la naturaleza y fin de las organizaciones religiosas, dan lugar a la utilización de los púlpitos religiosos, las reuniones de células de feligreses, los grupos de jóvenes, las reuniones masivas de domingo, como escenarios de proselitismo y propaganda que podrían condicionar o inducir al voto.  A estas prácticas se suman los discursos discriminatorios, que atentan contra los derechos humanos, particularmente de mujeres y diversidades sexuales y de género. 

Lo ha hecho notar el Comité Pro - Laicidad mediante carta al Tribunal Supremo Electoral, recordándole el carácter laico de nuestro Estado y algunas normas que establecen la prohibición de usar símbolos religiosos en la propaganda electoral. De igual manera se demanda que se incluya en la normativa electoral la necesidad de que líderes religiosos renuncien a sus funciones para participar en procesos electorales, la prohibición de usar espacios y organizaciones religiosas con fines proselitistas. Se exige también se controle la instrumentalización política de los dogmas y la utilización de manera directa o indirecta símbolos y/o referencias religiosas de cualquier naturaleza o credo en la propaganda electoral, la campaña y el proselitismo político (Ley de Régimen Electoral Art. 119, inciso g).

La separación de la religión de los asuntos públicos y el reconocimiento de la laicidad del Estado junto al reconocimiento de la libertad de religión y culto, ha sido una conquista social que no debe admitir retrocesos, todo esto en el marco del pluralismo y para fortalecer la democracia y el marco de derechos humanos.