La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha convocado recientemente a los estados a proteger a las mujeres defensoras de derechos humanos y en particular a los colectivos y comunidades feministas, que se han estado manifestando exigiendo igualdad de género, contra la discriminación y la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres. De igual manera ha alertado sobre situaciones, que van desde el uso excesivo de la fuerza, criminalización, estigmatización, intimidación y amenazas, detenciones arbitrarias, uso indebido del derecho penal, hasta violencias de género y violencia sexual, así como ataques contra la vida e integridad de mujeres defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe.

Es frecuente ver los ataques contra las defensoras de derechos humanos, que en su tarea de acompañar a víctimas de violencia y sus familiares, son objeto de amenazas y amedrentamiento, con el propósito de lograr que las víctimas desistan en sus denuncias. La violencia contra las mujeres es el delito más denunciado en nuestro país y, al mismo tiempo, el que tiene altos niveles de impunidad. A pesar de ello, persiste la idea de que las mujeres pueden usar una denuncia de violencia como forma de revancha o para perjudicar a sus parejas. La evidencia muestra que son pocos los casos que llegan a una sentencia, muchas mujeres que vivieron violencia no continúan con los procesos, porque la búsqueda de justicia suele ser un camino largo, costoso y penoso.

Cuando las denuncias de violencia doméstica se hacen públicas, muchos de los agresores argumentan que se trata de una tramoya para desprestigiarlos y presentan contra las víctimas, procesos penales por difamación y calumnias, en sus esfuerzos por lograr que dejen las demandas. Acabamos de verlo en la denuncia contra Miguel Kavlin por violencia doméstica, que ha planteado una acción de libertad, arremetiendo contra cuatro colectivas feministas que denunciaron en redes sociales, en el marco de la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la dilación en la sustanciación de la causa. Los denunciados por violencia contra las mujeres optan por la estrategia de mostrarse como víctimas de las organizaciones y defensoras de derechos humanos.

Las organizaciones de mujeres y feministas han denunciado que este tipo de acciones constituyen un ataque contra las personas defensoras de derechos, poniendo en riesgo su seguridad por cumplir esa tarea. Las amenazas con acciones judiciales pretenden silenciar a las organizaciones que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres. Se evidencia la necesidad de avanzar en normativa que proteja el derecho de las defensoras a defender derechos.

DESDE EL CUARTO PROPIO

Mónica Novillo G.

Feminista y comunicadora social

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